Tenerife debe más de $1.000 millones por incumplir sentencia judicial

Hace 10 años, en 2008, el municipio de Tenerife estaba obligado a pagar, por una sentencia judicial, cerca de $235 millones de pesos. Hoy, por la negligencia de los administradores de la población y la falta de voluntad en cumplir con el mandato legal, los tenerifanos deberán sacar de su bolsillo más de $1.000 millones de pesos. 

De acuerdo al abogado Diego Sierra Conde, uno de los litigantes dentro del caso contra el municipio de Tenerife, todo empezó en 2004 cuando fue arrollado el ganadero Eduardo Roncallo Anaya por una camioneta propiedad de la alcaldía municipal de Tenerife. Los familiares, incluyendo su viuda, presentaron una demanda de reparación directa en la justicia contenciosa administrativa quien, después de un largo debate, profirió una sentencia en 2008 donde declara responsable al municipio por la muerte de Roncallo. 

La sentencia, que posteriormente fue confirmada en 2011 por el Tribunal Administrativo, los demandantes presentaron la cuenta de cobro para que se hiciera el desembolso de los recursos. "Sin embargo el alcalde de ese momento hizo caso omiso y no cumplió con su deber (...) es más, no ha presentado una adición presupuestal para el pago de la sentencia", remarca el jurista en diálogo con Seguimiento.co 

La condena, por la falta de pago, se convirtió en un problema para el municipio pues los intereses empezaron a ser más altos que el capital a pagar. Aunque en 2013, relata el abogado Sierra, se ordenó el pago de la condena judicial por el municipio, esto quedó en letra muerta. "Dicha resolución contenía una orden que no fue acatada por el ente territorial" 

Aunque se ha conciliado el proceso en diversas oportunidades, la gestión ha sido imposible. Esto, según el abogado, por la inestabilidad política del municipio en aquellos días (con el constante cambio de funcionarios). "Esto se tornó más gravosa para los demandantes sino para el municipio que ha debido pagar unos intereses moratorios sobre el valor de la condena", remarca. 

Ni el presentar una demanda ejecutiva contra el municipio en 2015, una compulsa de copias en la Procuraduría, Fiscalía y la Contraloría del Departamento del Magdalena, sumado a la tutela presentada por una de las demandantes, con más de 90 años y fallada por el Tribunal Administrativo del Magdalena ha sido suficiente para cumplir el pago de la obligación que, con el pasar de los años, sigue y seguirá sumando intereses. 

"Ninguno de los entes ha realizado una investigación ni disciplinaria ni fiscal", asegura Diego Sierra. 

En la actualidad, resalta el abogado demandante, la alcaldía ha hecho unos abonos mínimos por $10 millones de pesos realizado "en vista que mes a mes se presentaba un desacato en contra la alcaldía, pero hasta la fecha no se ha hecho ningún abono por lo que se constituye en la comisión de un presunto delito de fraude a resolución judicial por desobedecer todas las órdenes dadas por los tribunales y juzgados". 

Sobre el por qué nadie se atreve a cumplir con el pago, ejemplo de detrimento por la desidia en la toma de decisiones, Sierra es claro: la falta de interés de darle cumplimiento a una sentencia judicial. "Creería que los mandatarios han destinado sus esfuerzos en realizar contratos que atender las obligaciones judiciales (...) pagar esto no representa votos ni alguna capitalización política, prefieren destinarlo a otras cosas y han hecho lo que han querido con esta sentencia".  

Tenerife destina en su presupuesto, con base a la vigencia 2017, $20 millones para cumplir sentencias judiciales. Con esto no se podría -en criterio del jurista- cumplir un abono a intereses ni satisfacer una propuesta de conciliación.