Gobierno de facto: en los caminos de Venezuela

El recién expedido decreto 1647 del pasado 20 de octubre y que está publicado en la página web de la Presidencia de la República, confirma lo que se venía rumorando horas después de haberse conocido el resultado del plebiscito de que el gobierno desconocería –ya desconoce- por completo la voluntad popular de los que decidieron NO por mayoría frente a los acuerdos suscritos entre ese y los insurgentes de las Farc, independiente del sentir de la Corte Constitucional con respecto a lo que señaló en la debatida sentencia C-379/16 y del que no es necesario insistir. 

Si bien los deseos del presidente Santos es adelantar -lo que se acordó y no aprobó- la tarea que por mandato constitucional se le otorga en aras de cumplir con el obligatorio derecho de buscar la paz como jefe de estado, jefe de gobierno y comandante de las FF.MM y de Policía, y en conservar el orden público y restablecerlo, obviando que existe una limitante del constituyente primario para poner en marcha lo que ya se está desarrollando frente a la delimitación de las zonas de reincorporación, el establecimiento de los roles y mecanismos de participación de las instancias internacionales en el proceso de paz y los instrumentos frente a la temporalidad y el funcionamiento de esas mismas zonas. 

Para muchos constitucionalistas de cafetería y de redes –como es costumbre-, no es necesario que el presidente acoja la decisión mayoritaria que votó NO, porque él puede como suprema autoridad asumir por decreto y amparándose en las leyes 418/97, 1738/14 y 1779/16 la potestad de iniciar conversaciones con los grupos al margen de la ley a través de sus voceros y/o representantes, lo cual sigue siendo inaplicable en lo jurídico, por cuanto una cosa es lo que ya se concretó mediante el acuerdo en La Habana y que fue rechazado popularmente y otra cosa muy distinta es lo que se quiere concretar en los territorios o zonas de reincorporación con los mismos desarrollos e ítems logrados sin resultados e igualmente descartados por mandato ciudadano. 

Mal haría el ministro Cristo –el cerebro del mal-  junto con la secretaría jurídica de presidencia y con la anuencia de algunos togados de prensa y de estólido juicio, intentar un golpe de estado con éste decreto a las reglas que impone la constitución y la ley en cuanto al acto vinculante que implica un mecanismo de participación de la naturaleza del plebiscito, que por cierto perdió su institucionalidad a partir de la prevaricadora actitud tanto del congreso como de la corte constitucional y por disposición del presidente en reducirle el umbral y categorizarlo o confundirlo con otro mecanismos de participación.  

Sin embargo, es sumamente grave lo que se viene o lo que ya está ocurriendo, cuando intentan desviar las herramientas ya establecidas, las garantías y los beneficios políticos de quienes ya sufragaron; violentando de forma directa el ejercicio democrático de representación y de participación amparado no solo en la carta política, sino en términos más amplios en el bloque de constitucionalidad y en los acuerdos internacionales como en la carta, los convenios y protocolos de la convención interamericana de derechos humanos, que por cierto protegen y salvaguardan de las realidades fácticas como las que ya se vislumbran. 

Por consiguiente, sería aún más peligroso que el gobierno insista por el camino del vecino, donde el revocatorio y la recolección de firmas fue ultimado sin escrúpulo y propio de un estado de facto, importándoles la necesidad nacional y el clamor de un país que pide cambio, que exige el desplazamiento inmediato a la transición de un régimen absolutista a una república de derechos y libertades reconocidas por sus habitantes.    

En ese orden, es claro la torpeza y la desatención inconstitucional del gobierno en querer imponer su propio statu quo, en acometer una violatoria irremediable a la institucionalidad, solo por los afanes y el reconocimiento de un grupo ilegal a la legalidad, sin prescribir claramente las sanciones, el juzgamiento, el sometimiento, la dejación de armas, la reparación de las víctimas, los beneficios y las garantías civiles y políticas por la reincorporación y el dinero producto de la extorsión y el narcotráfico. Y lo infame es la inexistencia de un congreso y unas cortes que sin control, ni controlan y ni mucho menos amparan el establecimiento del país y limitan el poder ejecutivo: enmermelados.  

No cabe duda que el gobierno sigue desesperado, el reloj sigue corriendo en su contra, que le quedan poco de dos años, que se muestra ingobernable e inseguro, demostrando que todas las posibilidades que tenía para hacer grandes reformas se le acabó y que su periodo se le terminó antes de lo programado y que lo único que le queda para sobrevivir es aprobar como sea el acuerdo de paz con las Farc, así sea impune, esperanzado en que el nobel le diera la autoridad necesaria para revalidar y sin replantear lo que mal hecho se hizo, a sabiendas que el voto de confianza de la comunidad internacional no representa en nada el valor y la vinculación inmediata de la determinación final de la sociedad que dijo NO.  

En esa estamos. Esperar. 

@JorgePerezSolan