Don Antonio, el para que mandó en el Atlántico, quedará libre en marzo

El próximo 11 de marzo quedará libre Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio, Isaac Bolívar, Trinito Tolueno, William Ramírez Dueñas o Tijeras.

El excomandante del frente José Pablo Díaz de las AUC, quien aceptó que cometió 290 crímenes en el Atlántico y parte del Magdalena, será el primer jefe paramilitar liberado por la Ley de Justicia y Paz, marco jurídico que le significó una rebaja en la condena de 40 años de cárcel a solo ocho.

Fierro nació el 18 de septiembre de 1975 en Campoalegre, Huila. Estudió en la Escuela Militar de Cadetes y Escuela de las Armas y Servicio del Ejército, y se graduó como subteniente en 1995.

Mientras el Bloque Central Bolívar de las AUC combatía con las milicias urbanas del ELN, Don Antonio ejercía como teniente en el Batallón de Artillería de Defensa Aérea Nueva Granada en Barrancabermeja. De ahí fue trasladado, a finales de 1996, al Batallón de Policía Militar No. 4 en Medellín, donde patrullaba las peligrosas comunas de la capital antioqueña.

Un par de años después recibió la orden de irse al Batallón de Contraguerrilla No. 27 con sede en Aguachica, Cesar. Ya por esa época, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, exjefe del Bloque Norte de las AUC, había armado su grupo contrainsurgente y había dividido en ‘distritos electorales’ al Cesar y al Magdalena, para que sus políticos manejaran las alcaldías, los concejos, las asambleas y el Congreso.

Luego, adelantó el curso de ascenso a capitán en la Escuela de Armas del Ejército y, en 2000, fue asignado en Valledupar al Batallón de Contraguerrilla No. 2 denominado Los Guajiros. Dos años más tarde, por haber sido capturado por la Policía cuando hacía un allanamiento sin orden judicial, el comandante de las Fuerzas Militares de entonces, el general Carlos Alberto Ospina, lo dio de baja de la entidad. Un par de meses después, además, fue destituido por omisiones en la masacre de Micoahumado, al sur de Bolívar.

A la ilegalidad. De civil, Don Antonio, en 2003, llegó hasta La Meza, en la Sierra Nevada, y se le presentó a David Hernández Rojas, alias 39, entonces comandante del frente Mártires de Valledupar, a quien había conocido cuando este era mayor del Ejército.

Jorge 40, tres meses después, decidió nombrar a Fierro, de 28 años, comandante militar del frente José Pablo Díaz. Allí se ganaba 2 millones de pesos más un porcentaje de las llamadas “colaboraciones voluntarias” que recibía la facción. Por eso, Don Antonio llevaba en su computador una relación de quienes “donaban” dinero a las Autodefensas. Pero, además, en esos libros descansaba una lista de acciones militares y políticas del Bloque Norte y un trágico conteo de cadáveres y extorsiones.

Desde su sede, en Soledad, Atlántico, según la Fiscalía, Fierro Flórez ordenó al menos 600 asesinatos entre 2003 y 2005, entre ellos, especialmente, los de líderes sociales. Quizá el crimen más sonado en Barranquilla entonces fue el del sociólogo Alfredo Correa de Andreis, tras un montaje del DAS para incriminarlo en la subversión. 

También se cuentan entre los homicidios de Fierro el del sociólogo y sindicalista Adán Alberto Pacheco; el miembro del Polo Democrático, Elías Durán Rico y el del alcalde de Santo Tomás, Nelson Mejía, entre otros.

Mientras tanto, se surtían las negociaciones de paz con los paramilitares en Santa Fe de Ralito, Córdoba. Y, al mismo tiempo, el jefe del grupo de ultraderecha ya tenía a altos funcionarios trabajando para él desde las entidades públicas del Magdalena, Atlántico, Cesar y La Guajira.

No obstante, Don Antonio y Carlos Mario García, alias el Médico enviaban su gente a reunirse con congresistas para que la Ley de Justicia y Paz se aprobara a sus conveniencias, entre ellas, la de que los desmovilizados pudieran aspirar al Legislativo, propuesta que a la postre no admitió la Corte Constitucional.

También, cuando iniciaba el 2006, Fierro, bajo el mando de Tovar Pupo, hacía funcionar la maquinaria política de las Autodefensas para que los parlamentarios, que habían sido elegidos en 2002 con el apoyo de los paramilitares, fueran reelectos para que cuando las armas se entregaran, se les garantizaran beneficios en lo jurídico.

El 8 de marzo de ese mismo año, se efectuó la polémica desmovilización colectiva del Bloque Norte y sus frentes en Chimila, Cesar.

Tres días después de su desarme, y un día antes de las elecciones parlamentarias, el 11 de marzo, Don Antonio fue capturado a las 5 de la tarde en el condominio Villas Canarias, en Santa Marta, cerca al aeropuerto, donde se le incautaron dos computadores, dos memorias USB, dos discos compactos, la suma de 106 millones de pesos en efectivo, dos celulares, dos pistolas nueve milímetros, una escopeta y dos camionetas de alta gama.

En ese momento, con la información contenida en los computadores y archivos informáticos decomisados, se inició la denominada parapolítica.

El ‘José Pablo Díaz’. Jorge 40 dijo que el frente José Pablo Díaz llegó al Atlántico entre 2000 y 2001, primero al mando de alias Jair, después de alias Pablo y finalmente de alias Don Antonio, para sacar del departamento al frente 19 de las Farc y así “recuperar la paz”. No obstante, según la Procuraduría, la idea de esta facción no era propiamente combatir a las Farc sino ganar importantes rutas para el narcotráfico.

El José Pablo Díaz, del que fueron postulados 31 desmovilizados a Justicia y Paz, estaba conformado por 10 comisiones: la Metropolitana, comandada por José de Jesús Angulo Banderas, alias Blas; la Centro, por Jonsi Jacinto Ramos Torres, alias Cristian; la Oriental Norte, por Luis Modesto Montero Jiménez, alias Diego o Sebastián; la Dique y Cordialidad, por Pedro Ramón Soler Abellojín, alias Aguas y Jovany José Campo Carvajal, alias Bolívar.

Así mismo, la Magdalena, que era comandada por Jairo Rodelo Neira, alias Jhon 70; la Vía al Mar, por Miguel Villarreal Archila, alias Salomón; la Financiera, por Jhony Rafael Acosta Garizábalo, alias Richard, Iván o 28, la de la Gasolina, por alias Gon; la Política, por Carlos Mario García Ávila, alias Gonzalo o el Médico y la de Inteligencia, por Gabriel Antonio Suárez Carrillo, alias Cucho.

La financiación del frente dependía de los aportes exigidos a comerciantes, ganaderos, agricultores y, sobre todo, de las comisiones exigidas sobre la contratación pública. También imponían pagos por hectáreas de tierras en zonas rurales, y entre 2002 y 2006, por el cobro por operaciones de narcotráfico en los municipios costeros.

Esta facción se apoderó, especialmente, de los recursos de la salud en Soledad, por lo que el 22 de febrero de 2010, un juzgado de Barranquilla condenó a dos exalcaldes del municipio. Rosa Stella Ibáñez y su asesor Édgar Riveros Rey, y Alfredo Arraut Varela y los ex secretarios de Educación y Obras, Alfredo Noya Zabaleta y Gustavo Medrano, fueron hallados responsables de los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y concierto para delinquir.