Primer fallo de la Procuraduría por corrupción en los Juegos Nacionales

La Procuraduría General de la Nación, sancionó con destitución e inhabilitad de 20 años a Carlos Heberto Ángel Torres, en su condición de director y representante legal del Instituto Municipal de Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri), por actos de corrupción en la adjudicación de los contratos para los escenarios deportivos de los XX Juegos Deportivos Nacionales 2015.

Los hechos que dieron origen a la apertura de este proceso fueron conocidos de primera mano por el procurador general, Fernando Carrillo Flórez, en las audiencias ciudadanas que adelantó por el país en el primer trimestre del año. El 17 de mayo, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, ordenó la apertura de indagación preliminar que termina con la sanción por desconocimiento en los principios de transparencia y responsabilidad que rigen la contratación estatal.

El Ministerio Público probó que el director del Imdri incurrió en faltas de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contrato y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

Durante el proceso verbal, que inició el 15 de septiembre, se determinó que el disciplinado propició el favorecimiento y direccionamiento del concurso de méritos 012 de 2013 a favor de la empresa Typsa, adjudicándole el contrato de consultoría 0237 de 2013, conducta por la cual recibió y se apropió de dineros.

El órgano de control comprobó que el exdirectivo recibió de manos del abogado Orlando Arciniegas la suma de 300 millones de pesos, como parte del acuerdo previo para suscribir el contrato con la empresa española, que previamente manipuló y acomodó los pliegos de condiciones de la licitación en su propio beneficio e interés.

“(…) Este despacho considera que dentro del proceso, obra material probatorio suficiente que respalda el cargo endilgado al señor Carlos Heberto Ángel Torres, toda vez que las pruebas demuestran de forma fehaciente y razonada, los hechos objeto de investigación”.

La Procuraduría, que calificó la falta de Ángel Torres como gravísima a título de dolo, exhortó a Coldeportes para que adopte procedimientos de vigilancia y control, en coordinación con los demás entes de control que permitan prevenir a futuro nuevos casos de corrupción en la construcción y adecuación de infraestructuras deportivas y recreativas.

El disciplinado presentó recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de la entidad.

Debido a las irregularidades en la contratación para la construcción de los escenarios deportivos y las obras inconclusas de los XX Juegos Deportivos Nacionales 2015, las competencias debieron ser trasladadas en su mayoría para otras sedes.