Titulación de predios en Magdalena: ¿De los contratos más inconsistentes de los últimos años?

El pasado 22 de febrero, el equipo periodístico de Seguimiento.co registró las denuncias interpuestas ante la Contraloría, por los diputados Yohan Pinedo, Martha García y Ángela Cedeño, tras encontrar una serie de irregularidades en la ejecución de un contrato de titulación de predios por $1.440 millones, celebrado en marzo del año pasado, entre la Gobernación del Magdalena y HBG Asesorías Jurídicas y Técnicas. 

Pese a que se canceló el 80% del contrato otorgado el 31 de marzo de 2022, a la fecha, no hay una sola titulación ni en Ciénaga, Zona Bananera, Santa Marta o Santa Ana, y por si fuera poco, la mayoría de diputados en la Asamblea, que hoy respaldan al gobernador Martínez, negaron la proposición para que diera cuentas en la Duma, sobre el destino de los dineros.

Hoy, gracias a las solicitudes interpuestas por los diputados Pinedo, García y Cedeño, se conoce un detallado informe, donde se amplía aún más, el hilo de inconsistencias en la adjudicación del contrato para la titulación masiva en varios municipios del Magdalena.

Inicio de los incumplimientos

Tras la adjudicación del millonario contrato en marzo, se acordó la cancelación del mismo en un total de cuatro plazos, conforme al nivel de avance del proceso de titulación.

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Pero, nueve meses después, el entonces jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Iván Darío Marín Ramírez, denunció que a la fecha no se habían presentado los documentos topográficos que se debían adelantar en el marco de los estudios previos, y por ende, no se había surtido el proceso necesario ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

Los números de los beneficiarios y los títulos a formalizar, no concordaban; y, por si fuera poco, tampoco se adelantó el proceso de “identificación jurídica, física y técnica del inmueble”, en el que básicamente, se comprueba que los predios a titularizar, no cuentan con gravámenes de impuestos. 

Las advertencias no fueron suficientes para que la Gobernación ‘pusiera en cintura’ a HBG, pues pocos días después, concretó el tercer pago del contrato, por $288 millones.

Contraloría ratifica el detrimento

Sin embargo, con el informe de la Contraloría del Magdalena, se conocen aún más inconsistencias en la ejecución de un contrato facturado y no ejecutado.

En el documento de 70 páginas, se explica que el gobierno de Rafael Martínez no atendió satisfactoriamente los requerimientos para dar claridad sobre el destino de los recursos.

Asimismo, verifican que la desconocida empresa de asesorías jurídicas, referenciada en Montería, en ningún momento aportó los documentos necesarios para verificar que los predios a titular en los cuatro municipios, estaban libres de gravámenes y restricciones para este proceso, tal como lo exige la ley.

Por si fuera poco, en municipios como Ciénaga, donde se esperaba cumplirle el sueño a 426 personas de tener su casa propia, los procesos de cruce y validación, que comprobaban que no habían recibido subsidios de vivienda anteriormente, solo se hizo en 22 de los 426 predios requeridos, representando esto solo el 5% de las tareas realizadas.

En el barrio La Paz, de Santa Ana, también ocurrió lo mismo, pues estas diligencias solo se adelantaron en 35 de los 292 predios.

Ahora bien, si antes el jefe de la Oficina Asesora de Planeación, habría tratado de obrar en rectitud, alertando los incumplimientos contractuales, la Contraloría no se explica varias de sus actuaciones.

El ente de control señala que Marín Ramírez, realizó una supervisión “DEFICIENTE” “al no registrar adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato”, tampoco, presenta verificaciones ni soportes de las actividades que supuestamente realizó el contratista.

De hecho, el 6 de diciembre de 2023, cinco días después de que denunciara incumplimientos del contratista, de forma sorpresiva “dio fe del cumplimiento de unas actividades, que no se cumplieron y de las cuales en el presente no se tiene soporte de su cumplimiento en un 100% por parte del contratista” según señala la Contraloría.

Como este, son decenas de actuaciones inexplicables que conllevaron al detrimento de los recursos públicos, pasando por encima de las promesas hechas a familias vulnerables que viven en condiciones de marginalidad social, económica y territorial.