¿Qué espera a los nuevos gobernadores y alcaldes en materia de seguridad?

Es curioso notar que desde que el Gobierno del presidente Santos empezó a abordar los problemas de seguridad del país a través del diálogo y la firma del acuerdo de paz, los indicadores y las alertas en este ámbito han aumentado.

¿Qué no está funcionando bien? ¿Qué deben hacer los gobernadores y alcaldes ahora? Hay varios aspectos a considerar en este asunto, que van más allá del diagnóstico técnico y están relacionados con las decisiones de quienes gobiernan. Lo primero es despolitizar este problema, aunque esto sea difícil en un país polarizado con marcadas diferencias ideológicas. Hay que pasar de las aspiraciones a logros tangibles. Es necesario que el Gobierno Nacional trabaje para que los ciudadanos vean la Paz Total como una política coherente, no como un medio para dar impunidad a grupos criminales. 

Lo segundo es dejar de lado las falsas narrativas. En política, a menudo se trata de aparentar en lugar de ser, evitando mostrar debilidad y justificando incluso lo evidente. El gobierno debe evitar mirar hacia atrás y tomar medidas para evitar consecuencias de escaladas violentas. Y tercero, el escenario regional después de las elecciones locales, donde varios mandatarios locales, especialmente de ciudades y departamentos importantes, tienen una concepción ideológica diferente.

En el país, el 85% de los ciudadanos considera que la sensación de seguridad ha empeorado según la última encuesta de Invamer. A pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional en el diseño de la política de seguridad, faltó coordinar acciones estratégicas conjuntas con los gobernadores y alcaldes salientes. Con nuevos mandatarios en el 2024, el empalme aplaza la adopción de soluciones en un ambiente complejo. Los nuevos líderes enfrentarán el reto de integrar la visión del gobierno con la planeación y ejecución de planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana.

La mayor presencia territorial de grupos armados se debe al fortalecimiento de su capacidad militar. Aunque esto redujo la violencia relacionada con el conflicto en algunos lugares, es preocupante. Urge estrategias que permitan mayor coordinación entre el Gobierno Nacional, gobiernos locales, fuerzas militares, policía y fiscalía. A pesar de que el presidente Petro ha respaldado las garantías de derechos ciudadanos, los organismos de seguridad del Estado deben proteger la vida y seguridad de los demás ciudadanos, especialmente ante una sensación creciente de violencia, confirmada por la cifra más alta de homicidios desde la firma del acuerdo de paz. El año anterior en el departamento del Magdalena, los homicidios aumentaron con relación al 2022, con un total de 537, mientras que en Santa Marta la cifra fue mayor con un total de 204 muertes violentas. 

Frente a este panorama, para Santa Marta y el Magdalena, los retos son muchos. Uno de estos son los grupos armados que llevan más de cuatro décadas presentes en un territorio con gran potencial para el desarrollo sostenible y el turismo. Cabe destacar que en el Departamento existe presencia de las 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia' en todo los municipios del territorio y presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en un 90% de la zona montañosa del departamento.  

La relación entre grupos armados ilegales y el narcotráfico en el Magdalena y su capital, Santa Marta, es un desafío que no se ha abordado de manera efectiva. A pesar de que en el territorio se manejan la distribución, comercialización y microtráfico, el negocio ha contribuido al aumento de indicadores de violencia e inseguridad. El deterioro en la escala de valores en nuestra región afecta las instituciones, el desarrollo empresarial, la convivencia ciudadana y la generación de oportunidades de empleo. El peor escenario es cuando sectores de la sociedad civil, algunas autoridades y sectores participan en este sistema delictivo. 

Aunque las propuestas en seguridad de los alcaldes, incluyendo Santa Marta, no sean novedosas, es crucial fortalecer las relaciones entre el Gobierno Nacional y los nuevos mandatarios. El plan de choque propuesto por el Alcalde de Santa Marta desde su cuenta de X, constituye uno de sus grandes retos, instando al presidente Petro a la implementación urgente de un proceso con grupos armados ilegales de la Sierra Nevada. Además, se necesita dotar de herramientas tecnológicas para facilitar la labor de la fuerza pública, adoptar estrategias coordinadas para combatir la delincuencia y reducir la extorsión, homicidio y hurto, que han aumentado desde el 2022. No cabe duda que las 3 masacres ocurridas el año anterior, prenden las alarmas en el territorio.

Como mencionamos inicialmente, no basta con decirlo; es necesario hacerlo y lograr resultados contundentes, con liderazgo, valentía y honestidad. Esto permitirá a la ciudadanía encontrar condiciones óptimas para adoptar estrategias de crecimiento económico y enfrentar a la delincuencia, protegiendo a nuestra mayor riqueza, los jóvenes samarios y magdalenenses.