Procuraduría califica como falta gravísima fallo del juez Villalba que habilitó a Jorge Agudelo

La Procuraduría General de la Nación concluyó que el juez Carlos Alberto Villalba del Villar, del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta, habría incurrido en una falta disciplinaria gravísima al exceder sus competencias al tramitar y fallar una acción de tutela que terminó ordenando la inscripción de Jorge Agudelo como candidato a la Alcaldía de Santa Marta en las elecciones de 2023.

De acuerdo con el Ministerio Público, el juez asumió el conocimiento de una tutela presentada por Javier Yepes Conde, un tercero que no era el directamente afectado, para ordenar a la Registraduría Especial de Santa Marta inscribir a Agudelo como aspirante por Fuerza Ciudadana, pese a que no existía un acto administrativo en firme que autorizara el reemplazo de la entonces candidata Carmen Patricia Caicedo Omar, cuya inscripción había sido revocada por el Consejo Nacional Electoral, pero aún estaba pendiente de resolver recursos.

La Procuraduría advirtió que, para el momento en que el juez emitió la medida provisional y posteriormente el fallo de tutela, existían decenas de acciones de tutela similares tramitándose ante el Tribunal Superior del Magdalena, las cuales ya habían negado medidas provisionales con el mismo objetivo: permitir la inscripción de un nuevo candidato por Fuerza Ciudadana.

Pese a ese contexto, el juez Villalba del Villar ordenó en tiempo récord la inscripción de Jorge Agudelo, decisión que, según el concepto del Ministerio Público, alteró el proceso electoral, desconoció el fenómeno de las llamadas “tutelas masivas” y vulneró reglas básicas sobre competencia judicial, ya que el caso involucraba a entidades del orden nacional.

El órgano de control fue enfático en señalar que el juez no tenía competencia para conocer este tipo de tutelas y que, por su formación y experiencia, era plenamente consciente de esa limitación, lo que llevaría a calificar su actuación como dolosa y de especial gravedad.

Además del juez, la Procuraduría también evalúa la conducta de otros funcionarios judiciales, entre ellos personal encargado del reparto de tutelas y servidores de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta, por presuntas irregularidades en el manejo de las acciones constitucionales presentadas durante el proceso electoral.

Con base en estas consideraciones, la Procuraduría solicitó que el caso avance a la formulación de cargos disciplinarios, al considerar que existen pruebas suficientes para continuar el proceso y establecer responsabilidades.