Oferentes denuncian presuntas irregularidades en adjudicación del PAE Magdalena

Luego que el pasado 8 de agosto la Gobernación del Magdalena adjudicara a la Unión Temporal PAE Magdalena 2018 el programa de Alimentación Escolar para 28 municipios no certificados del departamento, al menos dos oferentes han mostrado su inconformismo por la decisión de la administración departamental. Tanto así que, en general, han anunciado acciones legales y revisión de la decisión ante los órganos de control. 

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La abogada Carolina Domínguez de la Espriella, apoderada de Funproniños -una de las oferentes- afirmó que a la Gobernación le quedará "muy dificil" explicar la entrega del contrato a una propuesta $600 millones más costosa, sin contar que en el desarrollo de la licitación no se habría dado el debido proceso, derecho a la réplica y derecho a subsanar en el caso que amerite. 

"El proponente más económico y el cual garantizaba todos los elementos exigidos en el pliego se le niega 200 puntos que habrían hecho ganador indefectible del proceso, con un ahorro", destacó la denunciante. 

Esos 200 púntos fueron negados, de acuerdo con la jurista, pues la administración departamental exigió una certificación para mejorar las raciones de alimentos y dicha mejora no fue tenida en cuenta. "Tampoco fue calificada ni explicada en primer y segundo informe publicado el 23 y 31 de julio y, misteriosamente, aparece cambiado el informe que era inicialmente de 47 páginas por uno de 99 que fue exhibido el día de la audiencia", comentó al tiempo que allegó, a este diario digital, los dos informes con las particularidades descritas. 

Debido a esta situación (en la que el oferente buscaba saber qué tanto habían mejorado las raciones los otros participantes para comparar con las planteadas por la firma conforme al pliego), la abogada anunció que solicitará que se inicie una investigación en la Procuraduría por violación a los derechos fundamentales, ante la Contraloría por el riesgo de detrimento patrimonial, y ante la Fiscalía. Este último porque, de acuerdo a la abogada, "cualquier documento público que emita la administración debe estar respaldado por las normas legales y la verdad material, presuntamente podría estar tras estos hechos punibles y será la Fiscalía General de la Nación quien emita eso".  

"Adicional a eso emprenderemos medio de control frente al Tribunal Contencioso para que nos reconozcan nuestros derechos como ganadores, pues aunque sean cinco o diez años lo que demore el proceso, nos darán la razón y nos deberán pagar por utilidades. Uno no puede vulnerar los derechos de las personas, determinar que una persona es el ganador sin darle las respuestas que requirió el oferente de forma oportuna porque desde el 23 de julio solicitamos que se nos explicara por qué nos negaron los 200 puntos que debíamos obtener por pliego y nunca nos dieron respuesta", puntualizó la jurista Domínguez. 

Al tiempo que Funproniños anunciaba esta serie de acciones, Seguimiento.co conoció una denuncia instaurada ante la Fiscalía General de la Nación por Francisco Ramírez Ospina, en representación de la firma Unión Temporal Nutrición Caribe 2018, por la presunta comisión de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos en concurso con los delitos de prevaricato por acción y omisión, falsedad ideológica en documento público, abuso de autoridad por omisión de denuncia, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública. 

El documento, de 34 páginas, denuncia a los servidores y contratistas que integraron el comité evaluador de contratación del Programa de Alimentación Escolar, integrado por Maikol Grandett Gastelbondo, Carlos Mario Arias, Alfonso Asís y Alfonso Ruíz Gómez. 

¿Tenía las competencias para contratar?

Uno de los cuestionamientos más reiterados por algunos oferentes en la adjudicación del Plan de Alimentación Escolar, el pasado 8 de agosto, era la competencia del jefe de la oficina del Plan de Alimentación Escolar, Carlos Payares, para celebrar dicho contrato pues, al parecer, no era el funcionario con el rango adecuado para tal delegación. 

Ante esto, Payares leyó la resolución que delegaba dichas funciones en él por parte de la gobernadora Rosa Cotes. Sin embargo, según la abogada Carolina Domínguez, la resolución "nunca nos fue mostrada a pesar que fue solicitada en varias ocasiones, por lo tanto no puedo dar un concepto sobre un documento que desconozco y que se negaron a entregar".

La revisión de este documento es importante pues "dependiendo del fundamento legal que hayan alegado existiría la posibilidad de que sí fuese efectiva la delegación de funciones". 

Para Domínguez esta posibilidad de delegar dichas funciones es lejana porque este mecanismo como la desconcentración "constitucionalmente tiene ciertos límites y no sé cuál es el fundamento que encontraron pero, desde mi experiencia, siempre se delega a los secretarios desde el mismo momento de la posesión para que tenga una autonomía y pueda analizar la evolución del funcionar de la administración pública". 

La Unión PAE Magdalena 2018, ganadora de este proceso licitatorio, está compuesta por la Fundación Social de Apoyo, Desarrollo y Bienestar de la Niñez y el Adulto Nuevo Amanecer con un 30%, Fundación Colombia una Nación Cívica con 30% y la Fundación para el Desarrollo Social Integral Funprodesi con un 40%.