Corte Suprema niega tutela con la que Caicedo buscaba agregar prueba a proceso en su contra
Las denuncias involucrarían a varios puestos de votación en el exterior.
Más de 5,8 millones de comparendos en el país podrían ser anulados por presuntas irregularidades.
La Procuraduría formuló cargos tras hallar posibles irregularidades en los documentos presentados.
La Personería Distrital indicó que el servidor público se desempeñaba como Director de Capital Humano.
El ciudadano asegura que no le permitió el acceso por negarse a entregar su cédula a una persona sin identificación visible.
La Procuraduría investiga presuntas irregularidades en los contratos del Sistema Estratégico de Transporte Público.
Así lo informó la administración departamental, indicando que elevaron una queja contra el funcionario ante el Vicecontralor General, argumentando violación del debido proceso.
Al parecer, las empresas contratadas no eran idóneas para la prestación del servicio.
Un informe del ente de control revela suelos inadecuados, ocupaciones ilegales y un detrimento fiscal de $160.000 millones en el proceso de Reforma Rural Integral.
El agente interventor denunció contratos incumplidos, falsos mantenimientos y pérdidas en la normalización eléctrica, afectando la calidad del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El contratista beneficiado con el polémico contrato, curiosamente, hizo aportes a la campaña del diputado Rafael Noya, quien lo adjudicó. ¿Devolviendo favores?
Hasta el momento la exministra del presidente Petro, no aceptó los cargos por presuntas irregularidades en un millonario contrato.
Quien fuese jefe de Control Interno del Hospital Julio Méndez, y militante de Fuerza Ciudadana, entabló una denuncia ante la Fiscalía en contra del gobernador Rafael Martínez.
La Personería solicitó la suspensión inmediata de recursos adicionales a Conlus, puesto que violaba los topes legales, sin que además, hubiese un seguimiento contractual u operativo.
El alcalde hizo graves denuncias sobre los hallazgos en las anteriores administraciones.
La medida de la Procuraduría se debe a la indebida inversión de aproximadamente $3.565 millones financiados con recursos de regalías.