Contratada por $60 mil millones, Contraloría expone estado de la Vía de la Agricultura

En febrero de este año, Carlos Caicedo y Rafael Martínez celebraron la inauguración de 15 km de la Vía de la Agricultura, que conecta al municipio de Guamal, con el de Astrea, en Cesar.

Adicionalmente, anunciaron la puesta en marcha de otros 22 km correspondientes a la segunda fase, indicando que con las obras se atendía la exigencia de vías óptimas para el campesinado y los habitantes de la región sur del Magdalena.

Para la ejecución del corredor vial, tras varias adiciones, se destinó $59.530 millones. Y, tras una inspección de la Contraloría, ya se advirtió el ‘embolate’ de casi $10 mil millones.

Así lo expuso a diputada Ángela Cedeño, quien expuso el informe de auditoría de la Contraloría General de la Nación, donde se estipula un presunto detrimento fiscal de exactamente $9.516 millones, los cuales, habrían sido pagados “sin respaldo técnico que se evidencia en los resultados y ejecución de la obra”.

Y es que en las fotografías del ente de control, las fases de la obra que se suponen terminadas, presentan 11 patologías de infraestructura, evidenciadas “en el rápido deterioro y mal estado de la vía”.

Entre las anomalías estructurales se precisan los parches, el desgaste superficial de la carpeta asfáltica, fisuras en los bordes y exudación.

“Además de lo anterior, se encontró pago de ítems y adiciones sin justificación técnica y pagos superiores a lo estipulado. Se encontró de igual forma pago de imprevistos y gastos de administración no soportados. La plata se pierde y todos calladitos, ahora se entiende porque el afán de tener más recursos a disposición” reveló la diputada Cedeño.

Sustentado en el mismo informe de la CGR, que indica también, posibles implicaciones penales.

“La Contraloría General de la República constituyó tres hallazgos administrativos de los cuales tres tienen presunta incidencia disciplinaria, dos con incidencia penal y dos fiscal, teniendo un valor total del daño fiscal de $9.516.813.004”.

Es importante mencionar que ante estos hechos, la Gobernación del Magdalena ni la gobernadora encargada, Ingris Padilla, se han pronunciado.