Con ‘tutelas libreteadas’, en Magdalena se oponen a regreso a la presencialidad

La decisión del gobernador del Magdalena, de no autorizar el retorno a clases presenciales en los colegios públicos del Magdalena -contrariando así las determinaciones del Gobierno Nacional- han generado una serie de choques que se ha reflejado ahora en las instancias judiciales.

Todo comenzó hace dos semanas, tras un encuentro en el que participaron grupos sindicales de maestros, rectores de los colegios públicos, el gobernador hizo el anuncio de no regresar a las aulas. Esta decisión fue replicada por la alcaldesa Virna Johnson, quien sigue instrucciones políticas del gobernador pese a que, por ser alcaldesa de Distrito, debería tener autonomía en sus decisiones.

La decisión de Caicedo generó un primer remezón por dos razones: la primera de estas es que el anuncio llegó poco después de que el Gobierno Nacional ya hubiera dado la directriz a todos los entes territoriales del país para que regresaran a la presencialidad. Y, segundo, puesto que el Magdalena ha sido el único departamento del país que no invirtió ni un solo peso del FOME, que es el fondo creado por el Gobierno para preparar los colegios públicos de cara a este retorno.

Recomendamos: Magdalena no ha invertido un solo peso del FOME para el regreso a las clases presenciales

Lo anterior no solo se dio en el contexto de un ‘jalón de orejas’ de la Contraloría de la República, pues este nivel de 0% de inversión solo fue comparable con entes territoriales como Duitama, en Boyacá, donde solo invirtieron el 4,4% o Ciénaga, donde se ejecutó el 19,9% del presupuesto del FOME, sino que además repercutió en que el Ministerio de Educación solicitó a la Procuraduría que investigara al gobernador por “negar clases presenciales en el Magdalena”

La ‘tutelatón libreteada’

Sin embargo, esto no se ha quedado así, pues, repentinamente, en los juzgados de los distintos municipios del Magdalena han comenzado a llegar en los últimos días innumerables ‘demandas de tutela’ emitidas supuestamente por padres de familia de los estudiantes de los colegios públicos, quienes alegan el derecho a no tener que permitir que sus hijos vayan a clases. Una medida que ha resultado muy conveniente para respaldar la decisión del gobernador Caicedo.

Seguimiento.co ha podido establecer que estas tutelas no han surgido de la iniciativa voluntaria de los padres de familia, sino que han obedecido a un ‘formato predeterminado’ que, desde la misma Gobernación del Magdalena’ estarían enviando a los distintos municipios para lograr que jueces ‘echen para atrás’ la determinación del Gobierno y favorezcan la postura del Gobernador, a través de estas tutelas enviadas por padres de familia.

Este medio digital accedió a uno de estos formatos, que se diseñó particularmente para el municipio de El Piñón, Magdalena, donde la fuente de información consultada por este medio digital reconoció que las personas que están diligenciando estas tutelas, en algunos casos, son incluso personas “casi analfabetas”.

“Algunas de estas personas están firmando los documentos y ni siquiera tienen muy claro que es para interponer tutelas”, señala la fuente, quien pidió que no se compartiera el origen de la prueba: una de las tutelas ‘prediseñadas’ que enviaron desde la Gobernación del Magdalena y que fue diligenciada y radicada.

Y es que estas tutelas ya han generado los beneficios positivos para la decisión del gobernador. El Juzgado Promiscuo de Santa Bárbara de Pinto, por ejemplo, emitió un pronunciamiento el pasado 23 de Julio en las que tomó la decisión de acumular más de 40 demandas que pedían -todas por igual- la suspensión del regreso a las actividades estudiantiles en el municipio de Santa Bárbara de Pinto.

El juez accedió a la medida cautelar de que se suspendiera el regreso a clases, mientras que toma una decisión de fondo al respecto. Esto mismo se está repitiendo al mismo tiempo en otros municipios del Magdalena gracias a las tutelas ‘libreteadas’.

Descargar: Decisión del Juzgado Promiscuo de Santa Bárbara - medida cautelar

Mientras que el Gobierno Departamental -opositor político del Gobierno Central- se debate en medio del conflicto político, usando incluso a los padres de familia a través del uso de modelos de tutela, lo que está en juego es la educación de los estudiantes que, hace más de un año, no han podido regresar a clases presenciales y han tenido que arreglárselas en un departamento, donde solo el 34% de los hogares tienen acceso a internet.

Eso sí, aunque de momento la pandemia se mantiene en descenso en Colombia, y aunque el Gobierno Nacional ya emitió la orden de que todos los entes territoriales envíen a los niños de regreso a la presencialidad -guardando medidas de bioseguridad-, no puede dejarse a un lado que la variante Delta ya está empezando a causar estragos mundiales de una cuarta ola de mortandad por causa del covid-19.

Y tampoco puede olvidarse que – además de que, en todos estos meses, el gobernador no invirtió un peso para preparar los colegios públicos para este regreso a clases- todo apunta a que, hasta la licitación que garantiza el Plan de Alimentación Escolar en el Magdalena, está en veremos. ¿Qué comerán los niños si regresan al colegio?

Este medio digital intentó comunicarse con fuentes de la Gobernación del Magdalena para conocer la posición del ente territorial sobre el supuesto direccionamiento de 'tutelatones' en el Magdalena, pero al momento de publicar no se habían pronunciado.