Fuerza Ciudadana pagó $15,000 millones de pesos a medios de comunicación para tapar errores

Un exhaustivo análisis realizado por Opinión Caribe, medio de comunicación de la ciudad, reveló serias irregularidades en la contratación y ejecución de más de $15.000 millones en publicidad por parte de los gobiernos de Fuerza Ciudadana. 

Los fondos fueron canalizados hacia cuatro empresas de publicidad, incumpliendo la Ley 80 y el Código General Disciplinario.

En 2016, la captura de varios periodistas en Pereira puso en evidencia las irregularidades en la contratación de la publicidad estatal. La Fiscalía imputó a los comunicadores por delitos como contratación sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, entre otros. Este caso resaltó cómo los fondos destinados a la publicidad oficial se utilizan para fines distintos a los establecidos, sirviendo más como herramientas de control y propaganda política.

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) en su informe "El costo del ruido" mostró cómo el gasto en publicidad oficial afecta la libertad de expresión. Según una encuesta de Cifras y Conceptos, el 44% de los encuestados conocía medios que habían dejado de publicar por miedo a perder la pauta publicitaria, y el 48% conocía casos de periodistas que modificaron su posición editorial a cambio de contratos de publicidad oficial.

Durante su mandato como alcalde, Carlos Caicedo firmó dos convenios con la corporación La Perla Cultural y Tú También por más de $5.600 millones. Una auditoría de la Contraloría General de la República que encontró 24 hallazgos, incluyendo la falta de planeación y la transferencia injustificada de recursos entre convenios. Además, se detectaron pagos sin justificación y actividades no ejecutadas, utilizando estos recursos para publicidad política.

Social DEV S.A.S., una empresa registrada en 2017 con un capital de solo un millón de pesos, ha recibido varios contratos millonarios de la Alcaldía de Santa Marta y la Gobernación del Magdalena. Los análisis de Solucionis Legal revelan que la empresa ha operado con certificaciones de idoneidad cuestionables y ha presentado informes de ejecución que no corresponden a los objetivos contractuales.

Según el artículo, Laura Carrillo Sierra, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones de la Gobernación del Magdalena, certificó que Social DEV S.A.S. ha recibido más de $2.600 millones desde 2018. A pesar de las irregularidades detectadas, la empresa sigue operando con contratos similares.

Es importante destacar que todavía no se ha realizado un seguimiento por parte de los entes de control a este millonario gasto en publicidad, y aún se desconoce su impacto en la gestión pública. Los contratistas continúan vigentes en la administración caicedista.