Contraloría anuncia vigilancia a adjudicación del proyecto de agua en Santa Marta
La Contraloría General de la República iniciará actuación de control concomitante y preventivo al proceso licitatorio para la construcción del nuevo acueducto de Santa Marta, específicamente al contrato que se suscriba, así como a la ejecución del proyecto.
“El objetivo es monitorear los riesgos hasta ahora observados por este ente de control y aquellos que se puedan apreciar durante el desarrollo del proyecto”, explicó el contralor Delegado para el Sector de Vivienda y Saneamiento Básico, Diego Alejandro Castro, y recordó que se hará así uso de las facultades que para este efecto tiene la CGR en aplicación del artículo 267 de la Constitución Política y el Decreto Ley 403 de 2020
Dentro de la licitación pública LP011-2023 para la Construcción del Sistema de Acueducto denominado 'El Curval', se tiene previsto recibir ofertas hasta el día 29 de noviembre de 2023, y la firma del contrato se hará el próximo de 26 de diciembre, de acuerdo con la reciente modificación que se hizo al cronograma, que se dio el 22 de noviembre.
Riesgos detectados por la CGR
En marco del seguimiento que ha venido realizando la Contraloría General de la República a esta licitación, se han señalado varios riesgos, empezando por la forma de pago planteada para la ejecución de las obras y la carencia de un estudio de financiamiento, que analice diferentes alternativas de crédito. Se tiene previsto que se hagan pagos anuales durante 30 años, que implican una financiación del 100% a través del contratista.
La Contraloría ha advertido que los requerimientos financieros de la licitación no presentan concordancia con la forma de pago y suponen exigencias superiores de capacidad financiera a las de un proyecto de obra pública tradicional, lo cual podría causar parálisis o abandono de los trabajos por parte del contratista, por falta de liquidez para atender el flujo de caja de inversión en la etapa de construcción.
También ha señalado que, con las condiciones actuales de licitación, se podría estar incurriendo en una financiación onerosa a través del contratista comparativamente con otras alternativas de crédito, que no han sido estudiadas. Este sobrecosto financiero podría ser de dimensiones importantes.
La CGR considera igualmente que, de suscribirse el contrato en las condiciones planteadas actualmente, se podría estar incurriendo en una presunta inobservancia a las disposiciones legales vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano en lo atinente a vigencias futuras excepcionales.
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