Judicializan a empleados de una IPS que se habrían apropiado de recursos para los Wayuu

La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de dos empleados administrativos de una IPS dedicada a la atención de la comunidad Wayuu, involucrados en un caso por presunta apropiación ilícita de recursos.

Según explicó el ente investigador, los dineros girados y que provenían de regalías, debían ser destinados a la atención médica, entrega de mercados y suministro de agua potable a familias vulnerables víctimas del fenómeno de El Niño, en el año 2015, en Manaure, La Guajira.

Los sujetos judicializados fueron identificados como Julios Cesar Castillo, quien se desempeñaba como gerente financiero de la IPS, y Juan Carlos de la Cruz, revisor fiscal y contador de la entidad.

Los hechos investigados están relacionados con un contrato suscrito en junio de 2015 con la Alcaldía de Manaure, cuyo valor ascendió a 8.000 millones de pesos y el plazo de ejecución se pactó en cinco meses.

El citado contrato tenía por objeto la recuperación nutricional de 2.000 familias Wayuu (8.182 personas) en estado de vulnerabilidad, que debían recibir servicios médicos, seguimiento mensual con exámenes antropométricos, entrega de mercados y agua potable para enfrentar la desnutrición y otras enfermedades ocasionadas por la fuerte sequía del fenómeno de El Niño.

Increíbles hallazgos

El material de prueba da cuenta de que los hoy procesados habrían desconocido los principios de planeación, trasparencia y economía; y, al parecer, se apropiaron de 2.839 millones de pesos, que correspondían a dineros públicos.  

Adicionalmente, se conoció que la IPS, supuestamente, no tenía la idoneidad ni la capacidad logística para ejecutar el contrato.

En ese sentido, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado, y cohecho por dar u ofrecer. Los cargo no fueron aceptados.

En el curso de las audiencias concentradas, la Fiscalía expuso otras aparentes inconsistencias como por ejemplo que Castillo, habría girado a su nombre cheques por valor de $3.000 millones. Asimismo, que 900 millones destinado a compra de mercados nunca se obtuvieron, y que otros, que sí fueron comprados, presentaron sobrecostos del 50%.

Por si fuera poco, el agua potable no fue entregada en botellones sino a través de carro tanques, de las 8.000 personas que debían atenderse sólo se registraron 1.621. En los registros de contratitas, figuran visitas a dos o tres comunidades en un mismo día, algo, que en voz de los investigadores “es imposible de cumplir teniendo en cuenta las distancias de 5 a 6 horas entre los pueblos.