$3.000 millones en contratos a familiares del MinSalud denuncia Katherine Miranda
Los líos por la expedición de pasaportes están lejos de acabar.
Según los investigadores, el hijo del Presidente direccionó dos megacontratos entre una fundación y la Gobernación del Atlántico.
El exgobernador del Magdalena, Rafael Martínez, habría sido el encargado de liderar la red de corrupción pública, para asegurar profesionales que se dediquen hacer campaña para las próximas elecciones.
Jesús Rebolledo Gil fue acusado de presunta participación irregular en un contrato.
El ente de control advirtió sobre presuntas irregularidades en dos contratos financiados con recursos del Sistema General de Participaciones.
Un audio publicado por Daniel Coronell deja en evidencia estas 'negociaciones'.
Habrían manipulado procesos de contratación pública por más de $4.400 millones.
El presidente Donald Trump ordenó congelar los recursos de cooperación internacional que su país enviaba a distintos países. En medio de las auditorías, cuestionó derroches.
Las irregularidades se advierten en contratos para la prestación de servicios tecnológicos en las sedes de la entidad en todo el país.
La Silla Vacía publicó los correos electrónicos que exponen los megacontratos dados por el caicedismo, a las empresas dirigidas por Xavier Vendrell y Manuel Grau.
El contratista beneficiado con el polémico contrato, curiosamente, hizo aportes a la campaña del diputado Rafael Noya, quien lo adjudicó. ¿Devolviendo favores?
El alcalde dijo que en medio de presuntos contratos irregulares, ya lograron recuperar las oficinas y baños del Distrito de los que se había apropiado esta entidad, que estuvo bajo la dirección del exsecretario de Desarrollo.
Según el Ministerio Público la oficina regional desconoció las directrices de priorizar la contratación con Asociaciones de Padres de Familia o con grupos étnicos.
Antes de hacerse efectiva la salida de Nora Elvira Anillo, se habrían convocado a militantes para otorgarle contratos y ‘atornillarlos’ por un año. Negaron la entrada a las autoridades.
Según el Ministerio Público, Lucila Henríquez autorizó el pago de contratos sin el cumplimiento de los requisitos tributarios que debían cumplir las facturas.
Entre Colombia e Israel hay convenios que superan los 900 millones de dólares.