Marchas, bloqueos y paros se incrementaron en el 2023

La Defensoría del Pueblo, a través de su Observatorio de Conflictividad Social, evidenció que entre enero y agosto del 2023 se registraron 1080 conflictos sociales, que representa un incremento del 34% en comparación con el mismo periodo del 2022, cuando se registraron 804.

Asimismo, la totalidad de los eventos ocurrieron en 310 municipios de 30 departamentos del país, donde Bogotá registró el 15% de los sucesos; Magdalena, 7%; Bolívar, 7%; Santander, 7%; Antioquia, el 6%; Valle del Cauca, 5%; Atlántico, 5%, La Guajira, 5%; Norte de Santander, 4% y Cauca, 4%.

Es importante recordar que en lo corrido del año 2023 los conflictos que han tenido una mayor relevancia en el contexto nacional son: los conflictos laborales (16%), los conflictos por la garantía al derecho a la educación (15%), los conflictos por la inversión o presencia estatal (12%), los conflictos en el sector transporte (11%), los conflictos por el derecho a la vida, integridad y seguridad (11%) y, los conflictos por las falencias en la prestación de servicios públicos domiciliarios (10%).

Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo manifestó “lo hemos dicho en distintos escenarios: es fundamental que la institucionalidad trabaje de forma articulada en la prevención temprana para que los reclamos de las comunidades en las regiones del país no terminen en eventos de esta naturaleza; eventos que, en ocasiones, se salen de control y la misma población es la directamente afectada”.

Los meses de mayo y julio presentaron mayor cantidad de eventualidades que estarían alrededor de 165 y 169, así lo dio a conocer la delegada para la Prevención y la Transformación de la Conflictividad Social, a través de un informe.

Por otro lado, la ocupación o toma de instalaciones incrementó 100%; las huelgas de hambre: 143%, y los paros cívicos/cese de actividades: 114%. Si bien los primeros ocho meses de 2023 se caracterizaron por las movilizaciones promovidas por el Gobierno a favor de las reformas que han cursado trámite en el Congreso de la República, al igual que las impulsadas por la oposición, las marchas registraron una disminución del 5%.

El documento también indica que el territorio nacional realizó 28 acuerdos suscritos en las mesas de diálogo que contienen 526 compromisos entre mayo y julio.

Se pudo evidenciar que en 322 compromisos (61.2%) no establecieron un plazo de cumplimiento, en 107 (33.2%) determinaron un plazo cierto y en 97 (18,4%) acordaron un plazo condicional. Situación que hace complejo el cumplimiento y el seguimiento del total de los acuerdos, pues no permite a las partes ni a los garantes tener certeza de cuándo, en todos los casos, se debe cumplir lo pactado.

“Hago un llamado al Gobierno Nacional para que realice un seguimiento riguroso al cumplimiento de los acuerdos firmados en los diálogos con las diferentes comunidades y organizaciones sociales. Prevenir nuevas conflictividades que puedan originar situaciones de violencia o alteraciones del orden público es el verdadero compromiso que deben asumir todas las instituciones”, afirmó Carlos Camargo Assis.

La Defensoría ejerció el rol de mediador y garante de derechos humanos en 165 mesas de diálogo entre enero y agosto del 2023, lo que significa un incremento en su participación del 120% con respecto a los mismos meses del 2022.

La Defensoría del Pueblo hace un llamado a los alcaldes y gobernadores para que realicen espacios de diálogos, indicando que estas medidas es una oportunidad de poder conocer todas las problemáticas sociales y que suscitan los conflictos en las regiones: “Por lo tanto, se requiere que su participación sea enfocada a responder a la obligatoriedad del Estado de dar cumplimiento a los compromisos para mejorar la calidad de vida de las personas y proteger los derechos de las personas”.

Ante estas situaciones la Defensoría del Pueblo hace un panorama previsto para el periodo septiembre -diciembre.

Se prevé, que en lo que resta del año, la manifestación de conflictos sociales relacionados con el apoyo u oposición a los proyectos que se tramiten en esta legislatura, el proceso electoral, las afectaciones por el fenómeno de El Niño, el control de la actividad minera, la situación del sector agropecuario, conflictos en el sector transporte y por deficiencias en la prestación de servicios públicos domiciliarios.

“Continuaremos impulsando los espacios de diálogo, cuando haya lugar a ello, entre los distintos actores sociales e institucionales en aras de propiciar la interlocución y la concertación para la búsqueda de salidas y respuestas a las demandas ciudadanas y a las reivindicaciones que posibiliten la garantía de los derechos humanos”, concluyó el Defensor del Pueblo.