JEP declara culpables de crímenes de guerra y lesa humanidad a 15 exintengrantes las FARC

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia atribuye responsabilidad a 15 exintengrantes de las FARC por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 1990 y 2006 en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en el Pacífico colombiano.

#AEstaHora, desde Tumaco, la JEP atribuye responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 15 exintegrantes de las Farc-EP, por hechos cometidos contra Pueblos, Comunidades, Poblaciones y Territorios, de Nariño, en el marco del #Caso02.https://t.co/OD2MXL1mJR

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 13, 2023

Es la primera vez que la JEP declara culpables en este caso, gracias a la investigación que adelantaron juristas indígenas sobre territorios en el sur del país, ha explicado el presidente de la jurisdicción especial, Roberto Vidal.

La magistrada Belkis Izquierdo, relatora del Caso 02, ha anunciado que los responsables, entre los que se encuentra el excomandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Pablo Catatumbo, hicieron parte de las columnas móviles Daniel Aldana, Mariscal Sucre y del Frente 29 de las extintas FARC.

"Hay un gran esfuerzo para hacer una presencia sólida y profunda en el sur de Nariño, dónde hoy vamos a presentar el trabajo de investigación realizado en esta región", señaló el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, al inicio de la rueda de prensa.

En Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, entre 1997 y 2016, se documentaron 314 hechos de asesinatos selectivos, masacres y desapariciones forzadas, que corresponden a 468 víctimas directas.

A los 15 comparecientes de las Farc-EP se les atribuye responsabilidad por los delitos de violencia sexual, masacres, desaparición forzada, confinamientos y, reclutamiento y utilización de niñas y niños, violaciones, esclavitud sexual y destrucción del Territorio y la Naturaleza. pic.twitter.com/xRTVqP9uek

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 13, 2023

Además, se les atribuyen, entre 1990 y 2016, 334 hechos de desplazamiento forzado con 27.087 víctimas y 44 confinamientos con 20.124 víctimas.

Las estructuras armadas investigadas vincularon, mediante la coacción, la seducción y el engaño a niños.

Entre 2001 y 2015 se documentó el reclutamiento y utilización de 102 menores con pertenencia étnica.

Del total de víctimas, 13 eran niñas y 89 eran niños; al menos 36 tenían menos de 14 años y 49, entre 15 y 17 años.

Por otra parte, la investigación también ha concluido que "naturalizaron la violencia sexual y de género como una forma de ejercer control social y territorial sobre la población civil": entre 1990 y 2016 se documentaron 168 hechos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas, y 254 víctimas de violencia por prejuicio contra personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas.

Asimismo, el uso de minas antipersona generó "desplazamientos, confinamientos, asesinatos y lesiones, al igual que la contaminación de los territorios ancestrales y colectivos étnicos y de las tierras de comunidades campesinas, lo que alteró la vida de los pueblos y comunidades y generó consecuencias permanentes en los múltiples sistemas de vida".

Entre 2002 y 2015 se registraron 153 hechos y se identificaron 279 víctimas de estos artefactos.

Por eso ahora los imputados deberán reconocer su responsabilidad en estos crímenes en los próximos 30 días, y después participar en audiencias de aportación de "verdad plena, detallada y exhaustiva, y de reparar a las víctimas".

Finalmente se conoció que, hasta la fecha, la JEP ha imputado a 103 personas, de las cuales 57 son exmilitares, 42 son exintegrantes de las antiguas FARC-EP, tres son civiles y un agente de Estado no integrante de la fuerza pública.