Departamento de Estado tiene la última palabra sobre extradición de Arias a Colombia

Una corte de Atlanta (EE.UU.) rechazó este lunes una apelación del exministro colombiano Andrés Felipe Arias contra su extradición a Colombia y dejó el caso en manos del Departamento de Estado.

Según los documentos judiciales a los que tuvo acceso Efe, la corte revalidó lo establecido por dos jueces de tribunales inferiores del Distrito Sur de Florida que aprobaron la extradición de Arias.

Tras respaldar la decisión de ambos jueces de Florida, la Corte de Apelaciones de Atlanta señaló que finalmente es el Gobierno de Estados Unidos el que decidirá la extradición el exministro de Agricultura, a quien la Corte Suprema de su país condenó en ausencia a 17 años de cárcel por el llamado caso "Agro Ingreso Seguro".

"Al final del día, no consideramos ni decidimos si Estados Unidos debe extraditar a Arias. De hecho, no podemos; ese juicio recae sólo en el Poder Ejecutivo", señaló la corte este lunes.

"Conscientes de nuestro modesto papel, sostenemos simplemente que la ley no lo excluye"de la extradición, agrega el texto.

En ese sentido, en febrero pasado el Departamento de Estado comunicó a los abogados del exministro que no ejercerá su potestad de detener la extradición a Colombia.

"Concluimos que la evidencia cumple con los requisitos del Tratado para extraditar a personas que ya han sido condenadas (...), cuando una solicitud de extradición se relaciona con una persona condenada, como Arias, la parte solicitante debe presentar solo una copia de la sentencia", señaló la corte.

El caso de "Agro Ingreso Seguro" se refiere a unos préstamos a bajo interés que el Gobierno colombiano concedía a través de un organismo del sistema interamericano a pequeños agricultores para que compraran sistemas de regadío.

Según la sentencia, esos créditos fueron usados fraudulentamente por grandes terratenientes cuando Arias era ministro.

Arias llegó a EE.UU. en junio de 2014, unos pocos días antes de ser condenado en ausencia en su país a más de 17 años de cárcel y una multa de más de 15 millones de dólares, y poco después solicitó asilo político, pero en agosto de 2016 fue detenido en razón de una solicitud de extradición presentada por Colombia.