Alertas hechas por procuraduría, suspenden millonarios procesos licitatorios

Las alertas hechas por la Procuraduría en asuntos de contratación estatal llevaron a suspender varios procesos licitatorios los cuales, por sus costos, representaban un alto riesgo de pérdidas para el patrimonio nacional, calculados, en más de dos billones de pesos.

Tan solo en el mes de diciembre, las alertas hechas por el Ministerio Público lograron frenar licitaciones como la del proyecto ‘El Curval’ para la construcción del acueducto de Santa Marta, la cual mereció el llamado reiterativo del Ministerio Público en temas presupuestales, de planeación, técnicos y jurídicos que la ponían en entredicho con las reglas que rigen la contratación estatal. Al ser declarado desierto este proceso se salvaguardaron recursos de la Nación aproximados en 1, 6 billones de pesos.

Entre otras acciones preventivas adelantadas por la Procuraduría, también se logró suspender la creación de una empresa para el manejo del alumbrado público en la población del Socorro, Santander, y la construcción de la infraestructura hospitalaria del municipio de Soacha por valor de 150 mil millones de pesos, lo que obligó a que la licitación fuera declarada desierta al detectar graves irregularidades.

En igual sentido, el órgano de control, al hallar inconsistencias en los procesos selectivos, sugirió a las Empresas Públicas de Cali- EMCALI- la cancelación del contrato por 113 mil millones de pesos con los que pretendía adquirir los servicios de una firma para disminuir las pérdidas de energía de la ciudad.

Sumado a esto, los trabajos oportunos adelantados por los delegados para la Vigilancia de la Función Pública condujeron a que la Administradora de los Recursos del Sistema General en Seguridad Social en Salud- ADRES- suspendiera la selección de una interventoría para vigilar los pagos de las reclamaciones hechas a las IPS hasta tanto se adoptarán los mecanismos exigidos. 

Entre otras polémicas licitaciones y que merecieron la lupa del ente de control se encuentra la de la USPEC y la contratación de los chips electrónicos para los privados de la libertad, la cual, finalmente y después de acatar las observaciones de la Procuraduría para evitar llegar a la urgencia manifiesta, fue adjudicada a la empresa Unión Temporal Efectiva por más de 95 mil millones de pesos.

A la misma entidad, el Ministerio Público le hizo un acompañamiento permanente a la licitación para proveer la alimentación en los centros carcelarios, contrato que supera los 800 mil millones de pesos y al que ahora se le hace estricto seguimiento al proceso de selección de interventoría por 47 mil millones de pesos. 

Otro de los casos que preocupó y llamó la atención de la Procuraduría fue el de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá -RENOBO- a la que se le hicieron observaciones por posibles irregularidades en el proceso de contratación para el desarrollo de proyectos inmobiliarios por valor de $ 370. 419. 000.000.

En diciembre, la función de la Procuraduría también permitió salvar los recursos para la construcción de la segunda fase del hospital de 4 nivel de Pereira, con lo cual se evita que la primera fase, que se encuentra en construcción por 50 mil millones de pesos, quede como una obra que no prestaría ninguna utilidad. 

Igual sucedió con la adjudicación para los trabajos de la segunda fase de construcción de la cárcel de Pereira, lo cual permitirá solucionar problemas de hacinamiento y garantías de derechos para los privados de la libertad, proyecto con inversiones de 113 mil millones de pesos. 

El más reciente logro del ente de control fue el de la revocatoria de la licitación para contratar los servicios de una plataforma virtual tipo E – Learning del SENA, por valor de 78 mil millones de pesos, la misma que fue aplazada en más de una ocasión y que, finalmente, la entidad decidió no adjudicar y volver a empezar de ceros a raíz de las advertencias hechas por el órgano de control.