La paz y el fetiche de la cárcel

Luego de más de dos años de diálogos, el país aún no comprende que la paz que se está negociando en La Habana es precisamente eso: una negociación de intereses cuyos implicados buscarán ceder lo menos posible y obtener los mayores réditos que puedan arrebatarle a la contraparte. No es, en absoluto, una rendición por parte de las Farc ni un proceso voluntario de dejación de armas, pues el Estado en más de cincuenta años las viene combatiendo militarmente y, salvo en el gobierno de Uribe donde se les propinaron grandes golpes militares, la guerra solo ha dejado una estela mayúscula de muertos, víctimas y desesperanza colectiva.

Y uno de los puntos más críticos del proceso de paz, planteado como negociación, tiene que ver con la forma por medio de la cual los guerrilleros desmovilizados, responsables de diversos tipos de crímenes, se someterán a la justicia. Excluyendo al procurador Ordoñez y a los uribistas obsesionados con la cárcel, existen al menos dos tendencias al respecto: por un lado los que están de acuerdo con la aplicación de una justicia de transición que garantice el fin de la confrontación, la verdad y la reparación a las víctimas a cambio de rebajas en las condenas, penas alternativas, participación política y lugares de reclusión diferentes a las cárceles tradicionales. Y por otro lado, estamos los que consideramos que un conflicto como el nuestro, tan irregular, requiere medidas igualmente irregulares que se desmarquen de la receta internacional y de los tratados de resolución de conflictos en abstracto.

El primer grupo, por supuesto, es el más numeroso. Lo componen los miembros de la delegación del gobierno, académicos y columnistas de la talla de María Jimena Duzán y Rodrigo Uprimi; quienes desde sus prestigiosas plataformas de divulgación (Revista Semana, El Espectador) respaldan las palabras de personajes tan relevantes para ellos como Kofi Annan o de José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, quien espetó que en La Habana se está llevando a cabo una piñata de impunidad. Todos apegados a los tratados internacionales, todos detractores de la propuesta del expresidente Gaviria;  temerosos de las amenazas tanto de la derecha reaccionaria como de las decenas de Ongs que, a nombre de las víctimas, consideran que reparar es meter a la cárcel a raimundo y todo el mundo. Se trata de una posición políticamente correcta, donde las concesiones que el gobierno le haga a las Farc no alterarán el ordenamiento jurídico interno y se buscará establecer la verdad de los hechos y la reparación de las víctimas.

Sería lo ideal, evidentemente. Pero esta postura desconoce que las Farc han dicho que no pagarán un día de cárcel así les propongan penas de cinco años en cabañas turísticas; que repletar las cárceles con miles de hombres y mujeres venidos del monte es exacerbar la crisis penitenciaria que de por sí ya es catastrófica; que es posible se presenten disidencias al interior de las filas de la guerrilla, que la verdad y la reparación tal y como están planteadas actualmente son claramente una utopía (ningún país ha intentado siquiera reparara a seis millones de víctimas) y que por tanto firmar la paz bajo estas condiciones no garantizará el final para siempre de la confrontación armada.

Del segundo grupo se destaca la figura del fiscal general Eduardo Montealegre. Citando al filósofo Michel Foucault, Montealegre ha expuesto en diversos escenarios la necesidad imperiosa de pensar y diseñar un modelo de justicia transicional que responda a las características del conflicto colombiano a través del cual las penas que deban purgar los guerrilleros recaigan únicamente sobre los comandantes y no sobre todos los combatientes. Además, plantea que la privación de la libertad no es el único camino de conseguir justicia y que, en consecuencia, los guerrilleros pueden cumplir condenas realizando trabajos sociales que contribuyan al mejoramiento y desarrollo de las zonas que otrora fueron escenarios de violencia. Se trata pues, de una invitación a imaginarnos un posconflicto sustentable, consiente de la realidad política y económica del país pero sobre todo despojado de prejuicios decimonónicos.  

Esta propuesta es, diáfanamente, impopular y algunos les parecerá irrespetuosa con las víctimas; esas que siempre manosean cada vez que algunos sectores de la sociedad desean justificar el fetiche de la cárcel. Que los guerrilleros no paguen cárcel es no solo una medida pragmática que debemos vislumbrar, sino también debe constituirse en una estrategia más de un conjunto de acciones encaminadas a la terminación de la confrontación armada, a la paz territorial, pero sobre todo, a un gran pacto de perdón y de reconciliación nacional.

Alvaro Acosta Maldonado

@alvaro7076