Congresistas cuestionan el “impuesto saludable” y denuncian afectaciones a pequeños comerciantes

Los representantes a la Cámara Daniel Briceño y Carol Borda presentaron un proyecto de ley con el que buscan eliminar el denominado “impuesto saludable”, al considerar que el gravamen no habría cumplido con el objetivo de modificar los hábitos de consumo y, en cambio, estaría generando afectaciones económicas a tenderos y pequeños comerciantes.

El impuesto a los productos comestibles ultraprocesados fue impulsado durante el gobierno de Gustavo Petro como una medida para desincentivar el consumo de alimentos con altos contenidos de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas. Sin embargo, la iniciativa volvió al centro del debate tras la propuesta presentada por los dos congresistas.

Briceño, del Centro Democrático, cuestionó la efectividad del gravamen y sostuvo que la medida terminó trasladando parte de la carga económica a los pequeños establecimientos comerciales.

“Al final ni cuidaron la salud ni lograron que fuera más eficiente el gasto, sino que terminaron generando algo muy problemático y es que crearon un impuesto al tendero”, afirmó el representante.

Por su parte, Carol Borda, de Salvación Nacional, respaldó la eliminación del impuesto y aseguró que este estaría afectando los ingresos del 67 % de los establecimientos comerciales. Según la congresista, el gravamen no estaría golpeando principalmente a los sectores de mayores ingresos, sino a los tenderos y pequeños comerciantes.

Los representantes también cuestionaron el argumento de que el aumento en el precio de estos productos llevaría automáticamente a los consumidores a reducir su compra. A su juicio, el incremento de los precios no estaría produciendo el efecto esperado en los hábitos de consumo.

Briceño aclaró que la propuesta no busca desconocer los problemas de salud asociados al consumo excesivo de determinados productos, sino abrir una discusión sobre las estrategias que debe utilizar el Estado para promover mejores hábitos alimenticios.

“No creo que subiéndole los impuestos a la gente se vayan a comenzar a cuidar más, eso no va a generar un verdadero efecto, pero al final, el millón de familias que depende de estas tiendas, de los supermercados pequeños, de la panadería, es el que está afectado”, señaló Briceño.

Borda, finalmente, defendió la autonomía de los ciudadanos para tomar decisiones sobre su alimentación y planteó que el Estado no debería determinar de manera permanente qué productos pueden consumir las personas. El proyecto ahora deberá surtir su trámite en el Congreso de la República.