¿El POT ilegítimo de Santa Marta? ¡Informan y no escuchan!

En los últimos meses, la Secretaría de Planeación Distrital de Santa Marta ha venido realizando una serie de jornadas denominadas “informativas” en el marco de la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial – POT. A primera vista, estas convocatorias podrían interpretarse como un avance en términos de participación ciudadana. Sin embargo, una revisión cuidadosa de su alcance y desarrollo evidencia una realidad preocupante: informar no es lo mismo que participar.

Las jornadas realizadas se han limitado, en la práctica, a exposiciones unidireccionales por parte de los equipos técnicos de Planeación, sin que existieran escenarios reales para que la comunidad, los gremios profesionales, las asociaciones ciudadanas o la academia pudieran formular observaciones, debatir propuestas o contrastar criterios técnicos y jurídicos. No hubo mesas de trabajo, ni actas de discusión, ni respuestas de fondo a inquietudes planteadas. Mucho menos, mecanismos claros para que dichas observaciones pudieran ser evaluadas y eventualmente incorporadas al proyecto normativo.

La normativa urbanística y la jurisprudencia administrativa y constitucional han sido reiterativas en señalar que la participación ciudadana en los procesos de ordenamiento territorial no se agota con la simple socialización de documentos. La participación efectiva implica acceso previo y completo a la información, posibilidad real de incidencia, diálogo técnico y, sobre todo, respuestas motivadas por parte de la administración. Sin estos elementos, el proceso pierde legitimidad, aunque cumpla formalmente con una agenda de eventos.

El ordenamiento del territorio no es un ejercicio meramente técnico. Es una decisión estructural que define cómo crece la ciudad, quiénes acceden al suelo urbano, cómo se distribuyen las cargas y beneficios del desarrollo, y qué modelo de ciudad se consolida para las próximas décadas. Por ello, excluir —de facto— a los actores sociales y profesionales del debate no solo empobrece la discusión, sino que incrementa el riesgo de errores normativos, conflictos futuros y judicialización del POT.

Resulta especialmente preocupante que, pese a la existencia de gremios de la construcción, sociedades profesionales, universidades y organizaciones comunitarias con capacidad técnica y conocimiento del territorio, estos hayan sido relegados al rol de oyentes pasivos. Un proceso participativo auténtico no teme al debate ni a la crítica informada; por el contrario, se fortalece con ella.

La experiencia demuestra que los POT construidos sin diálogo real suelen enfrentar mayores resistencias en su aplicación, generan incertidumbre jurídica y terminan siendo modificados prematuramente. Santa Marta no puede permitirse repetir ese error. La ciudad requiere reglas claras, concertadas y técnicamente sólidas, pero también socialmente legítimas.

Por eso, es necesario hacer un llamado respetuoso pero firme a la Administración Distrital: abrir verdaderos espacios participativos, con metodologías claras, tiempos razonables, acceso público a los documentos técnicos completos y compromisos explícitos de respuesta a las observaciones presentadas. No se trata de retrasar el proceso, sino de hacerlo bien.

Porque, al final, solo hay una verdad incuestionable en materia de ordenamiento territorial: solo la transparencia y la participación efectiva legitiman las decisiones públicas.