Que quedarse en el campo sea una decisión

Hace poco estuve en una finca del sur del Magdalena, más exactamente en el kilómetro 14 de la vía Guamal-Astrea, donde se cultiva sandía baby. Vi a gente trabajando la tierra con conocimiento técnico, organización y esperanza. Vi algo que debería ser normal, pero que hoy es casi excepcional, y es una comunidad que quiere quedarse en el campo porque allí sí ven futuro.

Y ahí entendí, una vez más, que el verdadero debate sobre el desarrollo del Magdalena no está solo en las ciudades. Está en el campo. Y, sobre todo, en lo que estamos haciendo (o dejando de hacer) para que nuestros jóvenes rurales no tengan que irse.

El futuro del Magdalena no puede seguir yéndose en un bus a las cinco de la mañana, rumbo a una ciudad que no los espera. Eso no es progreso. Eso es abandono.

Apostarle al sector rural es apostar por el desarrollo real del departamento. Pero hacerlo de verdad implica una decisión clara y es poner a los jóvenes en el centro de la política pública. No como beneficiarios ocasionales, sino como protagonistas del cambio.

Por eso propongo la Ley de Juventud Rural Productiva, para que quedarse en el campo sea una decisión y no un castigo.

Esta ley busca crear un fondo nacional de capital semilla no reembolsable para jóvenes rurales entre 18 y 35 años, que les permita emprender sin empezar endeudados. Propone exenciones de impuestos durante los primeros cinco años para emprendimientos rurales juveniles, porque nadie despega con el freno puesto. Incluye formación técnica en agroindustria, tecnología agrícola y comercialización, y da prioridad a mujeres jóvenes rurales y víctimas del conflicto, que han cargado con el peso más duro del abandono estatal.

El impacto se verá en jóvenes produciendo, no sobreviviendo. Se podrá ver en un campo con relevo generacional. Se evidenciará en menos informalidad y más proyecto de vida.

Pero producir no basta si no hay quién compre. Por eso la segunda apuesta es la Ley de Compras Públicas Locales para el Campo. Si el Estado compra, que compre aquí, en nuestro Magdalena. 

Esta iniciativa obliga a que al menos el 30% de los alimentos que consumen colegios, hospitales, cárceles y programas sociales provenga de productores locales. Que las asociaciones campesinas y los pescadores sean proveedores directos, sin intermediarios abusivos. Que haya pagos rápidos, precios justos garantizados por ley y acompañamiento técnico para cumplir estándares de calidad.

El impacto se ve en ingresos estables para el productor, menos desperdicio, más economía local y dinero público que se queda en el territorio.

Estas no son ideas de escritorio. Son propuestas que nacen del territorio, de escuchar a la gente y de entender que el campo no es sinónimo de pobreza, sino de oportunidad.

Si logramos que un joven pueda quedarse en su tierra, producir con dignidad y vivir de su trabajo, habremos hecho más por el Magdalena que con cien discursos. El desarrollo no se improvisa. Se siembra. Y el momento de hacerlo es ahora.