“Adefesio jurídico”: el decretazo de Martínez para encargar a Ingris Padilla tras su salida

El Decreto 293 del 30 de julio de 2025, expedido por la Gobernación del Magdalena, con el que se declaró la falta absoluta de Rafael Martínez y se dejó encargada a la secretaria de Gobierno, Ingris Padilla, ha sido calificado por juristas como un “adefesio jurídico” y una “usurpación de funciones públicas”.

El abogado Robinson Morelo fue uno de los más vehementes en su crítica. A través de su cuenta en X, afirmó que Martínez, ya fuera del cargo por la nulidad de su elección decretada por el Consejo de Estado, “expidió un adefesio jurídico dejando encargada a una funcionaria de su confianza”, lo cual, según explicó, contraviene el artículo 303 de la Constitución y los artículos 121 y 135 de la Ley 2200 de 2022.

“Este acto administrativo es atentatorio a todas luces a las disposiciones constitucionales. La competencia del encargo por faltas absolutas de gobernadores solo la tiene el presidente de la República”, aseguró Morelo, quien sostuvo que lo único que podía hacer el saliente mandatario era dejar un encargo temporal, mientras el jefe de Estado emitía el respectivo decreto.

El jurista fue más allá y planteó que Martínez incurrió en una posible extralimitación de funciones, usurpación de funciones públicas y prevaricato por acción. “De nada vale que haya actuado de esa manera, pues el ordenamiento jurídico permite que un acto de mayor jerarquía (como el decreto nacional) prime sobre el decreto departamental”, remató.

Por su parte, el abogado Donaldo Duica también cuestionó la legalidad del decreto. Según explicó, “la falta absoluta la decreta el presidente, con base en la sentencia del Consejo de Estado que anuló la elección. El gobernador no es quien tiene la competencia para ello”.

Duica agregó que el decreto citado erróneamente recurre a la Ley 2200 de 2022 para justificar una supuesta facultad que no existe. “Con la medida aseguró un encargo por anticipado a la decisión presidencial. Es decir, quiso crear un hecho”, expresó el abogado.

Con esta andanada jurídica, queda en entredicho el decreto con el que se intentó cerrar el capítulo de Rafael Martínez en la Gobernación del Magdalena. Para algunos expertos, lejos de poner punto final, el documento podría abrir un nuevo frente de responsabilidad legal.