Firmaron, cobraron y no entregaron: destapan millonario robo en contrato de alimentos del Ejército

Las acciones investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación pusieron en evidencia el actuar ilegal de seis personas que estarían involucradas en posibles irregularidades en la ejecución de un contrato de suministro de alimentos para las Fuerzas Militares en Cesar.

Se trata de dos exfuncionarios de la Alcaldía de La Jagua de Ibirico (Cesar): el exsecretario de Gobierno, William Díaz Bazza; y el exjefe de Contratación, Carlos Borrego Daza. Además, del teniente coronel del Batallón Energético y Vial N.º 2, David Franco Durán; el sargento viceprimero, Ricardo García Deiber; el teniente coronel Bernardo Antonio Rozzo; y el contratista, Alfonso Rodríguez Quiñonez.

Estas personas fueron imputadas por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por omisión.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de posibles inconsistencias en la firma de un contrato celebrado el 14 de junio de 2022 en el municipio, cuyo objeto era el suministro de alimentos a integrantes de la Fuerza Pública que prestarían servicio transitoriamente en esa zona, por un valor de 100 millones de pesos.

Durante la investigación se logró establecer que se habrían omitido los estudios previos y de mercado exigidos por la ley, y que el contrato se celebró sin cumplir requisitos como la diversidad de cotizaciones, lo que permitió su direccionamiento a un solo oferente.

De igual forma, se evidenció que no se realizó la debida supervisión del contrato por parte del secretario de Gobierno de la época y que se firmaron actas de recibo a satisfacción por parte de comandantes del Ejército, utilizando planillas con nombres de personas que supuestamente recibieron el insumo.

Sin embargo, dichos formatos habrían sido diligenciados por un suboficial con nombres de soldados que se encontraban en situaciones administrativas como vacaciones, permisos o licencias, entre otros.

Adicionalmente, se estableció que el contrato fue pagado, terminado y liquidado, a pesar de que el objeto contractual no se habría cumplido.

Las capturas de los hoy imputados se materializaron en Bogotá, Bucaramanga, Popayán y La Jagua de Ibirico (Cesar), en cumplimiento de una orden judicial ejecutada por uniformados de la Policía Nacional y soldados del Ejército Nacional.

Por estos hechos, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en lugar de domicilio.