Rosita Jiménez responsabiliza al 'caicedismo' de cualquier ataque contra ella o su familia

La diputada del Partido Verde, Rosita Jiménez, rompió el silencio tras conocerse la reciente admisión de una demanda de pérdida de investidura interpuesta en su contra por Rafael Rebolledo Gil, férreo defensor de Fuerza Ciudadana.

A través de su cuenta en X, la diputada denunció lo que calificó como una “estrategia de presión, acoso y asedio” promovida desde sectores afines al exgobernador Carlos Caicedo, actual jefe político del movimiento que ha tenido el control de Santa Marta y el departamento del Magdalena durante más de una década.

Además de señalar a Caicedo, Jiménez fue enfática en responsabilizar de cualquier hecho que afecte su integridad o la de su familia al por ahora gobernador, Rafael Martínez, a las diputadas María Charris y Margarita Guerra, así como a Alejandro Arias, a quienes acusó de inducir acciones temerarias en su contra mediante acusaciones y publicaciones en redes.

“Todo el que se atreve a estorbar en su imponente deseo de poder absoluto se convierte en objeto a destruir y denigrar”, expresó Jiménez.

La diputada también cuestionó el discurso de Fuerza Ciudadana, al que calificó como contradictorio con la realidad. “El movimiento, disfrazado de progresista, ha sostenido por más de una década narrativas destructivas contra quienes piensan distinto”, aseguró.

En su declaración, Jiménez reiteró que no se dejará intimidar. “Hoy estoy más firme que nunca. La estrategia de presión, acoso y asedio no me paraliza (…) Seguiré alzando mi voz sin miedo”, concluyó.

Cabe recordar que Rebolledo Gil, ha estado vinculado estrechamente a Fuerza Ciudadana. Durante la administración de Virna Johnson fue designado como alcalde local, pese a haber sido señalado en un escándalo por figurar en el Sisbén como persona en condición de pobreza extrema, mientras era beneficiado con contratos públicos.

Para diversos sectores políticos, esta demanda hace parte de un patrón de presión contra voces disidentes en la Corporación departamental, alimentando las preocupaciones sobre un posible uso instrumental de la justicia para acallar críticas.