Deudas de subsidios en energía y gas ascienden a $7.6 billones, advierte Contraloría

La Contraloría General de la República advirtió este lunes que la deuda existente por subsidios de energía y gas por parte del Gobierno Nacional a empresas del sector eléctrico se incrementó a $7.6 billones, situación que -según dijo el ente de control- pone en riesgo la prestación del servicio en el país y en especial en los estratos 1, 2 y 3.

La Contraloría, en conjunto con la Procuraduría General de la Nación, conformaron una ‘Comisión Especial Interinstitucional del Sector Energético’ para encontrar una salida efectiva al giro de estos recursos.

Fueron convocados, en una primera mesa de trabajo, al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y su equipo. Igualmente, se llamó a la agente interventora de Air-e para conocer los avances del proceso de intervención de la compañía.

“El propósito de esta comisión conjunta es hacer seguimiento a las acciones que implementen los diferentes actores del sector para mitigar los riesgos detectados en materia de sostenibilidad, calidad y cobertura de estos servicios esenciales. Este mecanismo de vigilancia se enfocará específicamente en el monitoreo de las problemáticas relacionadas con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas”, refirió la Contraloría.

De acuerdo con cifras del Comité Intergremial de Energía y Gas, a enero de 2025, la deuda del Gobierno Nacional y las entidades oficiales por servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas alcanza los $7,6 billones, distribuidos en $ 2,7 billones por subsidios de energía eléctrica; $ 3,3 billones por opción tarifaria; $ 1 billón de deuda de usuarios oficiales y $ 628 mil millones por subsidios de gas combustible.

Requerimiento a Superservicios

En desarrollo de la Circular Conjunta No. 006 de 2025, el contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, y el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, han requerido a la Superintendencia de Públicos Domiciliarios información relacionada con la situación de la empresa intervenida Air-e.

Se le solicitó presentar información detallada de las actuaciones que ha realizado la Superintendencia para garantizar en el largo plazo la prestación del servicio a cargo de esta empresa objeto de intervención.

Específicamente se pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reportar lo siguiente:

1. Los referentes normativos o doctrinales que le permiten a la Superintendencia plantear la supuesta prohibición de coadministración en las empresas intervenidas, particularmente en Air-e, y las implicaciones de dicha prohibición.
2. Los recursos con los que cuenta actualmente el Fondo Empresarial, el origen de estos recursos y a quienes actualmente atiende a través de estos.
3. Las actuaciones que ha desplegado la Superintendencia para dar respuesta a la solicitud de la Agente Especial de obtener recursos por 2.8 billones de pesos para garantizar la operación de la empresa durante 2025 y cancelar las deudas post-toma en el mercado mayorista.
4. Indicar las garantías que exigió la Superintendencia para el giro de los mutuos por $148.000 millones que ha otorgado la entidad a AIR-E través del Fondo Empresarial.
5. Los resultados de las labores de inspección, vigilancia y control ejercidas desde la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible, respecto a la prestación del servicio por parte de la empresa AIR-E intervenida.

En relación con la situación de subsidios de energía y gas, Contralor y Procurador solicitaron a la Superintendencia precisar qué mecanismos de control se ejercen sobre los subsidios y contribuciones del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos.

También se le pidió informar cómo garantiza que la información reportada en el SUI (Sistema Único de Información) sea confiable, consistente y oportuna.

“Resulta fundamental que el Ministerio de Minas y Energía agilice la ejecución de las acciones correctivas identificadas en la gestión de subsidios y asegure la implementación puntual de las mejoras pendientes”, enfatizó Rodríguez Becerra.

Aseguró que la falta de una solución integral a esta problemática financiera podría generar un “riesgo sistémico” para la adecuada prestación de los servicios públicos de energía y gas.

Lo anterior, dijo, no solo afectaría la prestación del servicio, sino además las finanzas públicas y la calidad de vida de la población, en especial los usuarios de estratos 1, 2 y 3.

“Esta situación podría incluso llegar a vulnerar garantías constitucionales y derechos fundamentales de los colombianos”, apuntó.