Lucho Herrera: ¿De gloria del ciclismo a determinador paramilitar?

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Fusagasugá compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue al exciclista colombiano Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera, luego de que varios exintegrantes de grupos paramilitares lo señalaran de haber instigado la desaparición y asesinato de cuatro campesinos en 2002.

La decisión judicial se produjo tras la condena a 22 años y seis meses de prisión contra el exparamilitar Luis Fernando Gómez Flórez, por su responsabilidad en el delito de desaparición forzada agravada. Durante el proceso, Gómez Flórez y otros dos exparamilitares identificados como Héctor Díaz Gaitán, alias ‘Camargo’, y Óscar Andrés Huertas Sarmiento, alias ‘Menudencias’, implicaron a Herrera en los hechos ocurridos en zona rural de Fusagasugá.

Según los testimonios rendidos en indagatorias ante la Fiscalía, Herrera habría entregado fotografías y dinero a miembros de las Autodefensas Campesinas del Casanare, señalando que las víctimas eran presuntos milicianos de la guerrilla que planeaban secuestrarlo.

No obstante, con el paso del tiempo los responsables confesaron que los cuatro hombres —identificados como Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega— no tenían vínculos con grupos armados, sino que eran vecinos del exciclista y, al parecer, el móvil habría sido un conflicto por tierras colindantes con su finca.

El fallo judicial señala que las víctimas fueron retenidas por integrantes de las autodefensas que portaban brazaletes del DAS, obligadas a abordar un vehículo y posteriormente asesinadas y desmembradas, siendo sus restos enterrados en una fosa clandestina. A la fecha, sus cuerpos continúan desaparecidos.

Los testimonios también indican que estos crímenes habrían sido ejecutados por órdenes de Martín Llanos, jefe del grupo armado ilegal, con quien Herrera habría establecido contacto tras ser víctima de un secuestro por parte de la guerrilla en el año 2000.

En mayo de 2023, la Fiscalía declaró estos hechos como crímenes de lesa humanidad, lo que impide su prescripción. Hasta el momento, Herrera no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones.