La conexión de Maduro con las Farc: Cocaína, armas y rutas protegidas por el Estado venezolano

El gobierno de Estados Unidos ha intensificado la presión sobre Nicolás Maduro tras su controvertida toma de posesión como presidente de Venezuela el pasado 10 de enero. El Departamento de Estado incrementó la recompensa por información que conduzca a su captura, elevándola a 25 millones de dólares. La medida, acompañada de nuevas sanciones y restricciones de visados para unos 2.000 allegados al régimen, busca reforzar las investigaciones en curso contra Maduro por presuntos delitos de narcotráfico y corrupción.

La Fiscalía General de Estados Unidos y el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York han emitido un informe que vincula a Maduro con el denominado "Cartel de los Soles", una organización señalada de coordinar operaciones de narcotráfico a gran escala.

Según la acusación, desde 1999 altos mandos del gobierno venezolano trabajaron estrechamente con Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, jefe guerrillero de las Farc para el envío de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos.

El reporte detalla que, en 2008, bajo el gobierno de Hugo Chávez, el Cartel de los Soles acordó con Iván Márquez el uso de recursos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para financiar actividades de narcotráfico y operaciones terroristas de las Farc. Además, las Farc ofrecieron entrenamiento militar a milicias no autorizadas que funcionaban como una extensión armada del cartel, con la intención de fortalecer el control del tráfico de drogas en la región.

Uno de los episodios más relevantes ocurrió en una base militar de Caracas, donde Maduro se reunió con Márquez para negociar el suministro de armas a las Farc. Según el informe, el acuerdo también incluía la creación de campamentos en territorio venezolano para el procesamiento de cocaína, todo bajo la protección del gobierno de Maduro y del Cartel de los Soles.

La acusación también indica que, bajo la protección del Cartel de los Soles, las Farc trasladaron parte de sus operaciones a Venezuela, utilizando rutas de tráfico marítimo y aéreo hacia el Caribe y Centroamérica. Estas operaciones habrían sido respaldadas por una red de sobornos que involucraba a altos funcionarios venezolanos, facilitando el acceso a puertos comerciales y datos de radares aéreos y marítimos.

En 2010, se identificaron aproximadamente 75 vuelos sospechosos de narcotráfico entre Venezuela y Honduras, lo que evidencia la magnitud de las actividades ilegales.