¿Por qué el gobernador Martínez 'brincó' ante contrato judicial del abogado Julián Quintana?

En las últimas horas, el gobernador del Magdalena, Rafael Alejandro Martínez, hizo una publicación en las redes sociales para criticar la adjudicación de un contrato que hizo el actual alcalde de la ciudad, Carlos Pinedo Cuello, al bufet de abogados Quintana y Valencia S.A.S., propiedad del reconocido abogado Julián Quintana.
Aunque, de manera pública, la molestia de Martínez se justificó en el supuesto uso exagerado de recursos públicos para atacar a su movimiento político y no para continuar programas de Gobierno que hacía el caicedismo cuando tenía el poder, el trasfondo de la reacción de Martínez apunta a que, con este contrato, sus actuaciones serán objeto de una revisión profunda.
Esto dijo el gobernador Martínez:
Los pocos recursos de la @SantaMartaDTCH no están al servicio de los más pobres; no arrancan las escuelas populares del deporte, las escuelas de música, y los programas sociales, ni hay para abastecer de agua en estas épocas de verano como hicimos en los Gobiernos del Cambio.… pic.twitter.com/C6eE3VIos0
— Rafael Martínez (@mrafael70) April 6, 2024
La molestia de Martínez también tiene que ver con que el abogado Quintana ha sido el defensor de las víctimas en el proceso que por años tuvo en su contra Carlos Caicedo Omar, máximo líder del movimiento político Fuerza Ciudadana (al que pertenece Martínez), por el presunto homicidio de tres personas en la Universidad del Magdalena.
Este tipo de situaciones han hecho que, en la narrativa del movimiento político, señalen al abogado como un 'enemigo político' del movimiento.
Por su parte, en declaraciones a Seguimiento.co, el penalista Quintana aseguró que el contrato que acaba de suscribir con el alcalde tiene dos objetivos principales: uno de ellos es asumir la representación legal de la Alcaldía de Santa Marta en una serie de procesos judiciales en los que hay en juego recursos públicos que podrían perderse si no son defendidos en los estrados, pero además, una revisión minuciosa de las actuaciones presuntamente irregulares que se habrían dado en los últimos años en el ente territorial.
“La idea es revisar con profundidad todas las alarmas de corrupción que se generaron en estos 12 años de Gobierno y lo que pretendemos es tratar de recuperar esos recursos públicos que se perdieron y hacer auditoría a esos procesos”, explicó Quintana.
El abogado agregó que “también vamos a impulsar los procesos que estén en la Fiscalía que aún no hayan tenido imputaciones o acusaciones”.
“Vamos a revisar qué hechos nuevos que no estén en manos de las autoridades, constituyen conductas punibles contra la Administración Pública para poner las denuncias con hallazgos disciplinarios, fiscales y penales”, añadió.
Para realizar este proceso, que se llevará a cabo en un plazo de nueve meses, el abogado Quintana manifestó que contará con un equipo de siete personas expertas en diferentes roles especializados, con años de experiencia en auditoría forense, investigación penal y también como representante de víctimas en distintos procesos.
En su intervención, el gobernador Martínez también criticó la adjudicación de contratos de publicidad a medios de comunicación locales, pero omitió informar que -apenas hace algunas horas- el mismo gobernador adjudicó un millonario contrato para beneficiar al periódico La Libertad, el cual tiene su sede y área de influencia en la ciudad de Barranquilla, Atlántico, y no en el Magdalena.
Se rasgan las vestiduras por un contrato de 315 o 440 millones de la alcaldía?
Ayer, la misma funcionaria de la gobernación que firmo la mega APP de la vía el año pasado, firmó un contrato por casi 1000 millones para ejecutar hasta mitad de año la promoción del Plan de… pic.twitter.com/Cg0dnAFBwE— Victor Rodriguez Fajardo (@by_vicro) April 7, 2024
Asimismo, adjudicó un contrato de más de mil millones de pesos a una agencia para el manejo de publicidad, cuya única experiencia han sido de otros contratos con la Alcaldía y la Gobernación. Es decir, una empresa que solo fue creada para recibir contratos del caicedismo.
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