Gobernación del Magdalena niega crisis en el Hospital San Cristóbal

La Superintendencia Nacional de Salud anunció el pasado 5 de marzo una medida cautelar contra la ESE Hospital San Cristóbal de Ciénaga, ordenando el cese de acciones que ponen en peligro la vida y la integridad física de los pacientes. Esta decisión se basó en una auditoría que reveló 41 hallazgos financieros y asistenciales, evidenciando una amenaza para la vida de las personas.

Ante este panorama, la gobernación del Magdalena emitió un comunicado señalando que en junio de 2023 la ESE Hospital San Cristóbal de Ciénaga recibió la visita de la Superintendencia Nacional de Salud, admitiéndose hallazgos administrativos, financieros y asistenciales. 

Sin embargo, en agosto del mismo año, el gobierno departamental aseguró que  el Hospital presentó un plan de mejoramiento con 109 acciones propuestas, aprobado por la Supersalud en noviembre, lo que indicaba que con dicho plan se podrían subsanar los hallazgos identificados.

La Gobernación también negó las fallas denunciadas por Supersalud, indicando que “a partir de la aprobación del plan, el hospital ha trabajado en implementar mejoras, reflejadas en el fortalecimiento de procesos, procedimientos, unificación del sistema de información y desarrollo de capacidades del talento humano”. 

No obstante, la pregunta que surge es,  ¿por qué se esperó hasta 2023 para tomar medidas ante una crisis que se venía presentando desde el año 2021?

Las denuncias contra el Hospital San Cristóbal empezaron desde diciembre de 2021. Una de ellas provino de la diputada Elizabeth Molina, quien aseguró que para la para la fecha la sala de urgencias era atendida por practicantes de Medicina y no por médicos en propiedad, debido a retrasos en el pago de salarios. 

Molina afirmó que solo había un "médico en propiedad", situación que ponía en riesgo la vida de los pacientes. El personal de salud tuvo que recurrir al cese de actividades y protestas para obtener el pago por prestación de servicios.

La situación empeoró en 2022, cuando enfermeras, médicos, conductores, personal de limpieza, contratistas y administrativos fueron despedidos, a pesar de que se les adeudaba hasta dos años de salario. Más de 600 trabajadores presentaron reclamos al entonces gobernador Carlos Caicedo, solicitando que girara los cerca de $7.000 millones al Hospital para pagarles. La crisis se agudizó tanto que la sala de urgencias tuvo que cerrarse.

A pesar de todo esto, como se mencionó en el reciente comunicado de la Gobernación, los trabajos para enfrentar dicha crisis sólo comenzaron en junio de 2023, producto de la auditoría hecha por la Supersalud.

Aunque la Gobernación del Magdalena ha afirmado que el plan de mejoramiento está progresando conforme a lo programado y actualmente se encuentra en un 25%, la Supersalud sostiene que no se han cumplido los acuerdos y que aún existen puntos críticos que ponen en riesgo la salud de los pacientes.  Por tanto, es necesario que se cumplan las 8 órdenes prioritarias estipuladas en la medida cautelar para garantizar la prestación adecuada de los servicios.