Suspenden a reconocido abogado por presunta estafa a su cliente

En marzo de 2022, el equipo periodístico de Seguimiento.co, hizo público en el país el proceso que se surtía en contra del reconocido abogado Augusto Alfonso Ocampo, que en el marco del Paro Nacional cobró notoriedad, al ser uno de los profesionales que encabezó la defensa jurídica de los miembros de la ‘Primera Línea’ acusados de vandalismo, extorsión, terrorrismo, y demás delitos.

En ese momento, se explicó como un hombre identificado como Wilmer Manchola, lo acusaba de estafarlo.

Manchola fue condenado por por presuntamente recibir dádivas para facilitar la adjudicación de contratos para los XX Juegos Nacionales en Ibagué. Y, contrató los servicios profesionales de Augusto Ocampo con la promesa de que este adelantaría acciones para solicitar una revisión de la condena ante la Corte Suprema de Justicia. 

Para esto, Augusto le habría exigido $20 millones en total, de los cuales recibió inicialmente $10 millones por concepto de anticipo a la cuenta de su esposa. El restante se entregaría cuando cumpliera su tarea, que debía iniciar con una visita a la cárcel de Ibagué, donde estaba su cliente. Pero esto nunca pasó.

Argumentando amenazas de muerte por los casos mediáticos de la Primera Línea, Ocampo habría cortado el contacto con Wilmer Manchola, quien se vio imposibilitado para contactarse con su abogado.

El tiempo transcurrió y al notar tantos problemas de Ocampo para atender el caso, pidió la devolución del dinero.

Pese a que hasta el momento no había impetrado alguna acción judicial, Augusto Ocampo se negó, argumentando que ya él había alcanzado a leer el documento.

Desde entonces, se desencadenó una batalla jurídica entre Manchola y Ocampo, que tuvo un precedente importante el pasado 24 de enero, cuando la Comisión de Disciplina Judicial emitió una sanción en contra del abogado. 

Según el fallo de primera instancia, por su presunta actuación irregular, a Augusto Alfonso Ocampo se le suspende su tarjeta profesional durante un periodo de cuatro meses. 

Asimismo, deberá pagar seis salarios mínimos legales mensuales vigentes, destinados en favor del Consejo Superior de la Judicatura, que deberá cancelar dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoría de la providencia. 

Es importante mencionar que al ser un fallo de primera instancia, Ocampo puede apelar.