Contraloría ratifica: se ‘embolataron’ $684 millones de esterilizaciones animales

El 10 de noviembre de 2022, la Veeduría de Bienestar Animal liderada por la activista Adriana Pabón, instauró una queja formal ante la Contraloría, debido a los sobrecostos e inconsistencias encontrados en el contrato adjudicado por parte de la Alcaldía de Santa Marta, para la realización de las jornadas de esterilización felina y canina en la ciudad.

Inicialmente se abrió una licitación por valor de $1.100 millones de pesos para ejecutar un total de 8.000 esterilizaciones a animales en condición de calle, brindar albergue temporal para el posoperatorio, además de las charlas de bienestar animal.

En tres ocasiones se declaró desierta la licitación, hasta que en el cuarto intento y ante la insistencia de las organizaciones para cumplir con los compromisos pactados, finalmente se celebró la adjudicación del contrato a la Fundación Cuidado Animal.

Sin embargo, la letra menuda del contrato cambió, y en esta modificación la Contraloría Distrital encontró hallazgos fiscales y administrativos por un total de $684.820.000.

¿Dónde están los más de 684 millones de pesos que se habrían embolatado?

Lo que inicialmente era un contrato para 8.000 esterilizaciones, sorpresivamente disminuyó a solo 4.100.

A pesar de que el número de operaciones se redujo a casi la mitad, por el contrario, el número de profesionales contratados aumentó de 8 a 11 y el número de camisetas para el personal pasó de 35 a 10.

No obstante, además de no responder el interrogante por la gran cantidad de camisetas para un personal de no más de 11 personas, resulta llamativo que según el presupuesto, la compra de 35 unidades de esta indumentaria tenía un costo global de $1.750.000; y en el contrato celebrado, la compra de 10 camisetas costaba $1.700.000. 
¿Salía casi el mismo precio comprar 35 camisetas a comprar 10?

Pero ahí no acaba todo.

El equipo periodístico de Seguimiento.co que tuvo acceso a los documentos encontró también lo que serían sobrecostos importantes.

En el primer contrato, la Alcaldía de Virna Johnson había facturado la compra de 30 sillas por un valor de $750.000, pero en la documentación de adjudicación del contrato final, se determinó no la compra, sino el alquiler del mismo número de sillas por valor de $3.300.000.

En ese orden de ideas, salió más caro alquilar las sillas que comprarlas.

Lo mismo ocurrió con las mesas. De cobrar $150.000 por la compra de cinco de estos elementos, finalmente se terminó pagando $900.000 por su alquiler.

Situación similar se registró con la indumentaria. Los collares de ahogo, guantes, guacales, trampas para gatos y los bozales, inexplicablemente pasaron de costar $1.606.700 a facturarse por $2.400.000.

Por otra parte, los 750 refrigerios contenidos en el contrato, por valor de $9 millones de pesos, jamás se entregaron, según denunció la veedora Adriana Pabón.

En otro de las partes del contrato inicial, se determinaba la compra de cinco pendones por valor de $6.000.000, pero en el otro, se hablaba de 2 por valor de $3.400.000, el punto es que hay uno que nunca existió. Es decir, nunca se instaló.

La única valla instalada sobre temas de bienestar animal fue la dispuesta en el Polideportivo de Santa Marta.  

La Contraloría, además, especificó otras inconsistencias en el contrato firmado por el secretario de gobierno, Bayron Arrieta: “en relación al alquiler de vehículos tipo camioneta doble cabina con combustible y conductor, se encontró que en las especificaciones técnicas de la re-esal-018 ya se contemplaba una patrulla para los procedimientos de esterilización, por lo que no había justificación para contratar otro vehículo con un costo de ocho millones doscientos mil pesos ($8.200.000) que cumplía la misma función. Además, no se pudo verificar el contrato de alquiler del vehículo. Esto podría implicar un presunto doble gasto y una falta de supervisión en el proceso de contratación, así como una violación de los principios de planeación, responsabilidad y eficacia”.

De forma extraoficial, Seguimiento.co conoció que el 20 de julio es la fecha en la que finalmente la alcaldesa de Santa Marta habilitaría el Centro de Bienestar Animal, luego que un fallo de un juez la obligara a ello.