En Colombia se ha duplicado el desplazamiento forzado, según informe de la Defensoría del Pueblo

Este martes la Defensoría del Pueblo público un informe donde se observa que en Colombia el desplazamiento masivo y forzado se duplicó en el primer semestre de 2021, respecto al año anterior, 44.290 personas de 15.340 familias que fueron afectadas por 102 eventos.

Los datos del año anterior arrojaban que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 hubo 41 eventos de desplazamiento que afectaron a 13.912 personas de 4.311 familias.

El desplazamiento forzado ha empeorado por la inseguridad que se vive en algunas partes del país, en los primeros seis meses del año también se produjeron 68 eventos que afectaron a 192 comunidades con 36.101 personas.

"Hemos visto un incremento por situaciones tanto de seguridad (…) y también conforme a la dinámica que nos ha traído la pandemia, donde los actores ilegales se han valido de esta situación de confinamiento en muchas comunidades para lograr el control territorial de rutas y de la explotación irregular de minerales", explicó Carlos Camargo, defensor del Pueblo.

Las principales causas que provocaron el desplazamiento o el confinamiento forzado fueron las amenazas, los homicidios y el reclutamiento forzado de menores, pero también se produjeron por la presencia de artefactos explosivos o por los choques entre grupos armados entre ellos o con el Ejército.

La costa pacífica es una de las zonas más afectadas por ambos fenómenos, los grupos armados se disputan los corredores del narcotráfico o explotaciones ilegales de minerales y extracciones ilícitas, y que suelen coincidir con los departamentos donde se producen más masacres y asesinatos de líderes sociales.

Debido a las preocupantes cifras, la Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades que se tomen medidas urgentes para controlar la violencia y las amenazas que provocan estos fenómenos.

Además, anunció que desde esta institución van a activar una "ruta de prevención", que refuerce el sistema de alertas tempranas que envía la Defensoría a las autoridades y fuerzas de seguridad, y que de esta manera permita hacer un mayor seguimiento a la situación alertada.