Más del 50% de los magdalenenses podrían enfrentarse a condiciones de pobreza al finalizar el 2020

La crisis económica que el coronavirus Covid-19 ha traído para el Departamento es cada vez más preocupante. Al mes de julio, la pandemia ha dejado más de 200 mil casos de infectados en el país y más de cuatro mil en el Magdalena en cifras reportadas por el Ministerio de Salud. Ello se traduce en una sensible situación para el aparato productivo y la calidad de vida de la población, pues, aunque las medidas de aislamiento han sido necesarias, los sectores parecen evidenciar poca recuperación.

En la sexta entrega del estudio de monitoreo de impacto económico elaborado por la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena se refleja un panorama poco alentador en el corto y mediano plazo para la protección del empleo y el bienestar de los magdalenenses. Según las estimaciones basadas en la categorización de la afectación económica que definió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -Cepal-, el Departamento se ubica como el cuarto que más depende de los sectores previstos como los más afectados. Lo anterior, teniendo en cuenta que es el segundo territorio de Colombia donde el mayor aporte de empleo depende de estos sectores.

En relación a ello, el estudio evidencia que la intensidad de los efectos de la crisis por actividad económica ha sido más fuerte en los sectores de servicios de turismo, industria cultural tradicional, comercio, reparación de bienes, hoteles y restaurantes, transporte, moda y automóviles; y son precisamente estos sectores productivos los que aportan el 23,7% del PIB departamental y el 42% del empleo.

Esta fuerte dependencia económica constata la alta vulnerabilidad social a la que está expuesto el territorio, así como los retos que deben ser superados para mitigar este impacto, que ya ha dejado sólo para el distrito de Santa Marta la pérdida de más de 60 mil empleos según el informe de mercado laboral del DANE.

Como proyección para finalizar el 2020, la crisis incrementará los índices de pobreza monetaria de Colombia, que según cálculos de Fedesarrollo y la Universidad de los Andes aumentará entre en un 10% y 15%; y como hecho lamentable, en el escenario menos pesimista, un poco más del 50% de los magdalenenses se encontrarán en condiciones agudas de pobreza, donde los hogares más afectados serán los estratos bajo y medio, quienes dependen fundamentalmente de sus salarios.

Por otro lado, las soluciones y alivios financieros ofertados por el Gobierno Nacional en medio de la emergencia no han logrado ser aprovechados significativamente por las empresas del Magdalena: hasta el 7 de julio del 2020, se registraron sólo 1.910 operaciones de créditos, una cifra que cubre menos del 5% del tejido empresarial activo.

Asimismo, en el Departamento 1.742 Mipymes, trabajadores independientes y empresas informales han sido beneficiados en hasta un 90% por las líneas de crédito del Fondo Nacional de Garantías -FNG-. En este sentido, los créditos otorgados han sido dirigidos a capital de trabajo (52%), microfinanzas (20%), trabajadores independientes (17%), y pequeñas y medianas empresas para el pago de nómina (9%).

Lo anterior revela los grandes obstáculos para el acceso a créditos, entre los cuales se identifican la baja proyección de flujo de caja, el incumplimiento de algunos requisitos impuestos por los intermediarios financieros y la desinformación por parte del empresariado.

Dadas estas circunstancias, y teniendo en cuenta la baja de participación de los desembolsos para el Departamento frente a los cupos dispuestos a nivel nacional (menos del 0,003%), el estudio de la Cámara de Comercio recomienda a la Gobernación del Magdalena y a la Alcaldía Distrital de Santa Marta generar líneas de créditos locales en asocio con Bancoldex, así como el diseño e implementación de un paquete de alivios tributarios que contengan el aplazamiento de pagos, la disminución de tasas y la eliminación parcial y/o definitiva de algunos impuestos.

Además, se hace apremiante la instalación de las Mesas Permanentes de Reactivación Económica Distrital y Departamental, donde los gremios, la academia y el sector público puedan dialogar sobre la ruta a emprender para dar solución a la coyuntura económica.