Así Martínez vuelva le tocaría gobernar con el ‘enemigo’

En Santa Marta muchos se preguntan qué pasará con los miembros del gabinete nombrado por el alcalde encargado Andrés Rugeles en caso de que se designe a alguien de la terna enviada por el movimiento Fuerza Ciudadana o le revoquen la detención domiciliaria al alcalde Rafael Martínez. La respuesta es que seguirían en sus cargos por lo menos hasta finales de octubre.

La razón es que con la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales desde el pasado 27 de junio y hasta el próximo 27 de octubre, cuando sean elegidos los mandatarios locales, los alcaldes no podrán vincular o desvincular personal o modificar la nómina, salvo que se trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada y en los casos de nombramientos en periodo de prueba de quienes hayan sido seleccionados en los concursos de méritos adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Ni siquiera podrán declarar la insubsistencia en los cargos de libre nombramiento y remoción, como lo hizo Rugeles con la mayoría de los secretarios y directores de dependencias que reemplazó durante el tiempo que lleva al frente del Distrito, toda vez que esto implica una modificación de la nómina estatal, lo cual está restringido para impedir que se utilicen los empleos públicos en favor de un candidato a ocupar un cargo de elección popular o causa política.

Así las cosas el ternado de Fuerza Ciudadana o el mismo Rafael Martínez en caso de ser reintegrado a su cargo tendrá que gobernar con los secretarios nombrados por Rugeles, que en su mayoría han cuestionado a sus antecesores y que son considerados por este movimiento como “ilegítimos”.

Salvo el caso del secretario de Gobierno, Adolfo Bula, quien con reiteradas excusas médicas logró mantenerse en su cargo hasta que se inició la Ley de Garantías.

Igualmente, el pasado 31 de mayo finalizaron los contratos de cientos de personas que venían vinculadas a la Alcaldía de Martínez a través de contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión. Esto abrió una ventana de casi un mes en la que Rugeles habría tenido que hacer una ‘recontratación masiva’ de personal que automáticamente quedaría amarrada hasta finalizar el año.

Lo anterior teniendo en cuenta que la Ley de Garantías prohíbe a las entidades estatales celebrar contratos en la modalidad de contratación directa, entre ellos, los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, durante los cuatro meses anteriores a las elecciones.

Con este panorama prácticamente Fuerza Ciudadana de volver a retomar las riendas de la Alcaldía tendría que gobernar con el ‘enemigo’ por lo menos hasta que pasen las elecciones de octubre.