Concejales estarían pensando en reversar las vigencias futuras para la solución del agua

Las diferencias entre el estado de las finanzas del Distrito que les mostraron en diciembre pasado a los concejales de Santa Marta y lo que hoy muestra la administración del alcalde encargado Andrés Rugeles podrían hacer que se revierta el acuerdo por medio del cual se aprobó comprometer vigencias futuras por 892 mil millones de pesos para la solución al desabastecimiento de agua en la ciudad.  

El presidente del Concejo Distrital, Jaime Linero, dijo que el pasado 28 de diciembre aprobaron por unanimidad comprometer vigencias futuras excepcionales por 30 años porque el escenario financiero que les mostraron los entonces secretario de Hacienda, Jorge Agudelo, y la gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar), Ingrid Aguirre, era compatible con el marco fiscal de mediano plazo y los ingresos corrientes de libre destinación del Distrito iban en alza.

“Hoy el escenario se muestra distinto, nos dice la Secretaria de Hacienda que los años 2030 y 2037 el Distrito podría estar en riesgo financieramente hablando y el alcalde Rugeles nos dice lo mismo, es decir, que algo está sucediendo con relación al tema de las vigencias futuras porque no puede cambiar de la noche a la mañana que un secretario de Hacienda con balances, con estudio de marco fiscal de mediano plazo, con ingresos corrientes de libre destinación y los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) nos muestra un escenario favorable para cubrir con algunas obligaciones y luego de estar al frente el alcalde encargado y su equipo de trabajo nos muestren otra cosa distinta”, expresó Linero.

Aseguró que la actual secretaria de Hacienda, Diana Villalba, debe entregarle a la Corporación la información financiera del Distrito para hacer un análisis comparativo, con el fin de tomar la decisión de revertir o no la aprobación de las vigencias futuras.

“Los actos administrativos de acuerdo con lo que dice la ley y la norma de la manera como se hacen también se deshacen y si nosotros hoy vemos que los documentos iniciales no son contundentes con relación a lo que nos van a suministrar, este Concejo de manera seria, objetiva y responsable tomará la mejor decisión”, dijo Linero.

Estos recursos de vigencias futuras aún no se han ejecutado, luego de que en abril pasado el procurador General Fernando Carrillo abrió una indagación disciplinaria contra el alcalde Rafael Martínez, la entonces gerente de la Essmar, el secretario jurídico del Distrito y los concejales que votaron por la aprobación del acuerdo que compromete vigencias futuras por 892 mil millones de pesos.

Además demandó dicho acuerdo y le solicitó al juez séptimo administrativo medidas cautelares de urgencia para la suspensión provisional del mismo para "evitar un detrimento al erario público".