El asilo de El Banco lanza SOS para su supervivencia

Sor Maryen Amaya Pinto debe, todos los sábados, depender del buen corazón de los compradores y vendedores del mercado municipal de El Banco. Acompañada de otras religiosas, la directora del asilo local debe tocar el corazón de quienes, en medio del barullo, adquieren los alimentos de la semana. Una libra de arroz o de yuca son determinantes para la alimentación de los abuelos, 40 en total, que pasan el ocaso de sus existencias en la entidad de asistencia. 

Con el apoyo de algunas "almas de buen corazón" como las denomina, de la Alcaldía Municipal o de la orden vicentina a la que pertenece, sor Maryen logra costear algunos gastos del asilo. Pero no todos. "Mensualmente nos gastamos de $12 a $22 millones que se van en el pago de empleados y los gastos médicos de los abuelos así como los servicios públicos y ahorrando con lo que bien nos puedan colaborar con la alimentación", detalla. 

Los abuelos, en su gran mayoría, están en completo abandono. "Muchos son del pueblo que se han recogido de las calles otros vienen de otras ciudades y les cogió la noche buena e ingresaron a nuestro asilo. Nosotros los tenemos con mucho gusto". 

Por ello el respaldo de la Gobernación del Magdalena había sido determinante en años anteriores pero ahora no lo pueden recibir. Sor Maryen cuenta que, inicialmente, "se metió la ley de garantías y no se pudo y la propuesta se pasó desde enero pero como se metió esta situación no se pudo. Esperamos y luego volvimos a insistir porque ese apoyo es indispensable y no podemos solucionar el problema de nuestros abuelitos y a lo último nos dijeron que había que licitar". 

Literalmente, afirma, están "varadas" porque no saben qué deben hacer ante la circunstancia de competir con otras entidades por un recurso que permita sostener esta obra social, sumado al papeleo "que se vuelve muy complicado". 

"Por este año nos dijeron que no nos van ayudar y el entrante se monta la propuesta y es posible que no la ganemos", remarca la religiosa. 

La razón de esta situación es, justamente como sucede en Santa Marta, por el cambio de la normativa que establece nuevas condiciones para contratar con entidades sin ánimo de lucro de orden privado. El decreto 092 del 23 de enero de 2017 establece, entre otras cosas, la inscripción en el sistema SECOP para participar en cualquier convocatoria con el Estado así como la convocatoria a  una licitación para ejecutar estos proyectos de atención a los ancianos.

Las religiosas, por tanto, deberán cumplir estos requisitos pues, como explicó una fuente de la oficina jurídica de la Gobernación del Magdalena, el esquema con el cual se entregaban estos recursos "era donación" por el hecho que "era de carácter voluntario dicho aporte". 

Mientras pasa el tiempo y llega 2019, remarca sor Maryen, las religiosas inician una plegaria para que los recursos puedan estirarse y cumplir con las obligaciones, al tiempo que deja en claro que este tipo de labor debe contar con un respaldo institucional pues "nosotros no podemos responsabilizarnos del todo".