Procuraduría abre indagaciones contra Alcalde de Santa Marta por crisis carcelaria

El alcalde electo de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, hace parte del grupo de mandatarios regionales a los cuales la Procuraduría les abrió indagaciones preliminares por negligencia extrema en la atención de la crisis carcelaria.

De acuerdo con la W Radio, el Ministerio Público anunció la decisión en el encuentro territorial citado por la Corte Constitucional en Medellín para evaluar la crisis carcelaria y de salud en el país.

El procurador Fernando Carrillo detalló que hay 28 acciones populares en diferentes departamentos por hacimiento en cárceles y estaciones de policía.

“En el caso de los alcaldes la negligencia ha sido extrema y por eso la Presidenta de la Corte nos exigía más acciones y por supuesto que vamos acoger ese llamado y de hecho estamos iniciando una indagación contra 28 alcaldes del país, en 28 departamentos donde pocas acciones se han presentado. Muchos alcaldes ni siquiera se han dignado responder las solicitudes de la Procuraduría, con la responsabilidad que tienen a nivel de los establecimientos penitenciarios y carcelarios para tomar cartas en el asunto", declaró el Jefe del Ministerio Público.

La indagación también cobija a las alcaldías de Leticia, Medellín, Arauca, Barranquilla, Tunja, Manizales, Cartagena, Florencia, Yopal, Popayán, Valledupar, Montería, Bogotá, Neiva, Riohacha, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Mocoa, Armenia, Pereira, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Sincelejo, Bucaramanga, Ibagué y Cali.

“La indagación disciplinaria supone el inicio de un proceso para demostrar que somos serios y que además acatamos las órdenes de la Corte Constitucional en esa materia. Estos ya no son simplemente pactos de caballeros, que muchos firmaron y que no se han cumplido. Entonces ante la imposibilidad de hacerlo estamos iniciando una actuación para demostrar que las posibilidades de poner en marcha medidas de carácter disciplinario están sobre la mesa, sino se llega a cumplir con esos mandatos y esas obligaciones de carácter legal que tienen los alcaldes con la política penitenciaria y carcelaria de Colombia”, enfatizó Carrillo.