La lucha de Enrique De Luque: usurparon su cuenta y el Banco de Bogotá no responde

Lo que comenzó como un trámite cotidiano para la compra de un tiquete de avión el día 28 de noviembre de 2025, se convirtió en una pesadilla financiera para el señor Enrique De Luque Palencia, docente universitario de 60 años, oriundo del municipio de El Banco (Magdalena), quien tras vivir varios años en Santa Marta actualmente reside en Valledupar, donde desarrolla actividades académicas e investigativas.

Más allá de las aulas, Enrique lidera el proyecto digital El Profe Promociona, iniciativa la cual impulsa y visibiliza emprendimientos emergentes a través de contenidos educativos. Esta faceta lo convierte en un usuario habitual y experimentado de las plataformas digitales. Sin embargo, esa experiencia no fue suficiente para evitar el suceso que le ocurrió con su entidad bancaria.

Pagos no procesados

Aquella mañana, De Luque se disponía a realizar la adquisición de un pasaje aéreo a través de los canales digitales del Banco de Bogotá. Sin embargo, al intentar realizar el pago, la ejecución no fue procesada, situación que lo llevó a efectuar varios intentos sin éxito y que marcaba el inicio de una serie de hechos que terminarían afectando sus recursos.

Ante la imposibilidad de completar la operación. El docente, decidió buscar una alternativa lógica, y le transfiere el dinero a la cuenta de su hijo para que este realizara el trámite por su cuenta. Sin embargo, la transacción tampoco fue procesada. En la tarde de ese mismo día y luego de varios intentos fallidos, ingresó nuevamente a la plataforma del banco con el fin de verificar la situación.

Fue en ese momento cuando recibe un mensaje en el mismo canal donde el banco habitualmente le confirmaba sus pagos, transferencias y demás operaciones. El texto, con un formato y advertencia propias de la cuenta, le solicitaba un PIN de verificación para autorizar movimientos en la cuenta. Para él, estas acciones resultaban coherentes debido a que se encontraba realizando transacciones. Confiando en su legitimidad, ingresó el código para autorizar la operación.

La alerta y el rastreo del dinero

Segundos después de ingresar el código, le comenzaron a llegar mensajes que confirmaban transferencias realizadas desde su cuenta. Con el fin de verificar si el dinero había llegado a su destino, el afectado le pregunta a su hijo, quien le da una respuesta negativa. Al revisar el historial de movimientos verificó que los recursos habían sido enviados a una cuenta desconocida sin su consentimiento.

Sin perder tiempo, se dirigió de manera presencial a una sede del Banco de Bogotá en Valledupar. Allí, con la angustia de ver vulnerado su patrimonio, informó que no había aprobado dichas transacciones, las cuales sumaban más de cuatro millones de pesos. Su primera exigencia fue clara: que se rastreara y congelara el dinero de inmediato.

No obstante, lo que parecía un rastro claro para recuperar sus ahorros, pronto se convirtió en un laberinto de respuestas contradictorias. Al principio, el Banco de Bogotá mostró una eficiencia que alimentó la esperanza de Enrique, le entregaron una certificación con nombre, cédula y número de cuenta de la persona que recibió el dinero. Según el documento, la transacción fue a parar a manos de una mujer identificada como Licceth Fontalvo. Incluso, le aseguraron que los fondos estaban bajo llave, "congelados" dentro del sistema.

Pero la transparencia duró poco. Con el paso de las semanas, la entidad financiera levantó un muro de silencio. Lo que antes era información pública, de repente se volvió "reserva legal". El banco, que ya le había dicho quién tenía su dinero, ahora se negaba a dar detalles amparándose en la Constitución y el Código de Comercio.

Un fraude reconocido… pero sin solución

La estocada final llegó el 3 de febrero. En una respuesta que raya en lo absurdo, el banco notificó a Enrique que la operación había sido “exitosa”. La lógica de la entidad fue simple y gélida: como el PIN ingresado era válido, el sistema funcionó bien y no hay responsabilidad que asumir. Lo insólito es que, en el mismo documento, el banco admite sin titubeos que Enrique fue víctima de un fraude.

Fiel a su naturaleza de educador, comprendió que su caso no debe quedarse solo en un expediente, sino que este debe servir de ayuda y de lección pública sobre la vulnerabilidad del ciudadano frente al sistema. Por ello, decide trasladar su denuncia a las redes sociales. Su objetivo es mostrar ese “limbo” financiero en el cual se encuentra y a su vez, presionar para que le den una solución lógica.

Hoy, el caso del profesor De Luque es un monumento al sinsentido, debido a que el dinero está plenamente identificado, el banco sabe que es producto de un robo y los fondos están atrapados en una cuenta donde nadie puede tocarlos. A pesar de ello, tras dos meses de denuncias ante la Fiscalía y quejas ante una Superintendencia Financiera que se declara "sin facultades", el sistema prefiere custodiar un botín ajeno antes que devolverle la tranquilidad a un cliente que fue engañado en su propia plataforma.