Iglesia Pentecostal deberá pagar más de $25 mil millones por tragedia de Fundación


El Tribunal Administrativo del Magdalena comprobó que el Distrito de Barranquilla no tuvo ninguna responsabilidad en la muerte de los 33 niños y un adulto que perdieron la vida quemados el 18 de mayo de 2014 dentro de la buseta, de placas UVS-556, en Fundación, Magdalena, y con base en las pruebas recaudadas condenó a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a pagar una millonaria indemnización a los familiares de las víctimas y a los lesionados, que asciende a $25.261.565.430.
Familiares de los niños exigían una condena al Distrito porque la buseta estaba matriculada en Barranquilla, y pese a sus condiciones mecánicas seguía operando.
La millonaria condena a la Iglesia Pentecostal, de acuerdo con el fallo del Tribunal, deberá ser entregada al fondo para la protección de los derechos colectivos a fin de pagarle a los integrantes de los grupos de familias que sufrieron perjuicios morales y materiales como consecuencia de la muerte y lesiones de los infantes. La cuantiosa suma de dinero corresponde a 27.805 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En desarrollo de una acción de grupo que promovieron los familiares de los niños fallecidos y heridos, se comprobó que la buseta fue contratada por un miembro de la iglesia Pentecostal Unida de Colombia para llevar a los niños a sus casas después de haber asistido a unas clases de escuela dominical, no obstante a que el automotor no contaba con el seguro obligatorio, carecía de la revisión técnico mecánica y tenía la tarjeta de operaciones cancelada por parte de la empresa transportadora a la cual estuvo vinculada antes de ocurrido el siniestro.
El incendio se presentó debido a que el conductor, al no poder maniobrar la buseta con gas natural, comenzó a manipular la gasolina dentro de la buseta, y al darle arranque a la misma se produjo una explosión.
La buseta, según se comprobó, había sido desvinculada de la empresa Cooperativa Norteña de Transportes Integrados Coonor, y se dispuso anular la tarjeta de operaciones. La revisión técnico mecánica la tuvo vigente hasta el día 4 de mayo de 2012 y el soat hasta el 12 de abril de 2012.
Para el Tribunal, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia asumió la posición de garante frente a unos 60 niños sin contar con un personal idóneo para vigilar, custodiar y proteger la vida e integridad de los infantes, y no utilizó un medio de transporte idóneo o por lo menos que cumpliera con los requerimientos legales básicos. De la misma manera consideró que la iglesia vulneró el principio de confianza de la sociedad especialmente de los padres de los menores por cuanto éstos creyeron que sus hijos se transportaban en un vehículo en óptimas condiciones mecánicas.
“Esto con el agravante de que se trataba de un transporte de niños que mucho de ellos escasamente alcanzaban los 5 años de edad, lo que requería un especial cuidado en su custodia, medidas que evidentemente no se atendieron y allí que se deba ordenar la reparación de los perjuicios materiales y morales que se causaron en este hecho tan lamentable”, dice la sentencia.
“Está probado suficientemente que el Distrito de Barranquilla no tiene ninguna responsabilidad administrativa frente al fallecimiento de los menores”, dijo el abogado José Luis Herrera Gómez, quien defendió a la capital del Atlántico dentro del sonado proceso.
El Ministerio del Transporte, el municipio de Fundación y la Policía Nacional, entidades que también fueron demandadas, tampoco tuvieron responsabilidad alguna frente al incendio de la buseta, razón por la cual fueron absueltos en la sentencia.
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