Homicida de Génesis aceptó el feminicidio pero no el acceso carnal violento

Este jueves, a petición de la defensa del señalado homicida de la niña Génesis, Adolfo Enrique Arrieta García, se llevó a cabo una nueva audiencia en la que el homicida de la niña aceptaría el delito de feminicidio agravado. Y así lo hizo, sin embargo, en el transcurso de la tarde se conocieron nuevas pruebas que el señalado homicida no se esperaba: Medicina Legal confirmó que la menor también fue abusada sexualmente.

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Esta situación dio para que la fiscal de este sonado caso que tiene en conmoción al departamento del Magdalena, actualizara la imputación de cargos, de manera que Arrieta García no solo se le endilgó el cargo de feminicidio agravado, sino también acceso carnal violento.

“A petición de la defensa, solicitaron allanamiento a cargos frente al delito de feminicidio agravado, una audiencia ante juez de control de garantías, porque el imputado manifestó que se iba  a allanar a los cargos, pero en el transcurso del día llegó información que con prueba de ADN se logró establecer que con ayuda del médico forense, antropólogo y genetista, la plena identificación de la niña que fue víctima de un feminicidio, en primera instancia”, reportó al término de la audiencia, el director de Fiscalías del Magdalena, Vicente Guzmán.

“Con muestras biológicas y cotejo, se logró establecer que la niña fue víctima de un acceso carnal violento, hay evidencias del semen que nos llevan con inferencia razonable a establecer que la niña fue, inicialmente abusada sexualmente, posteriormente asfixiada y finalmente incinerado su cuerpo”, agregó.

El fiscal confirmó que el imputado “aceptó el feminicidio, mas no el delito de acceso carnal violento”, por lo que ahora, el ente investigador continuará en un proceso para demostrar que Adolfo Arrieta García sí abusó sexualmente de la niña.

De llegarse a comprobar esto, el juez no solo condenaría al responsable de este hecho por los 50 años que puede implicar el haber aceptado el feminicidio agravado, sino que obtendría la pena máxima, de 60 años.

Por el momento, el imputado, quien no tendrá ningún beneficio por haber aceptado el delito, permanecerá encarcelado en los calabozos de la URI de la Fiscalía, debido a que la cárcel Rodrigo de Bastidas se encuentra en estado de hacinamiento (tiene capacidad para unos 500 reclusos, pero hay alrededor de 1.500).

La Fiscalía gestiona con el Inpec, regional Caribe, la posibilidad de enviarlo a una cárcel de máxima seguridad.