300 familias cafeteras de Palmor denuncian presunto despojo de sus tierras

Alrededor de 300 familias cafeteras de la Sierra Nevada de Santa Marta denunciaron que las actuaciones del Ministerio de Agricultura, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) estarían generando un conflicto social entre campesinos e indígenas en la región.

Los productores aseguran que decisiones relacionadas con procesos de restitución y reforma agraria han afectado a familias que, según indican, llevan entre 50 y 80 años cultivando café en la zona.

A través de un comunicado, los cafeteros afirmaron que están siendo señalados como “despojadores” pese a considerarse tenedores de buena fe y víctimas del abandono estatal.

Entre las principales denuncias, los campesinos aseguran que algunos funcionarios de la URT los han estigmatizado, situación que, según indican, podría ponerlos en riesgo frente a grupos armados presentes en el territorio.

Asimismo, señalaron que las medidas cautelares y los procesos judiciales han afectado el acceso a créditos, la asistencia técnica y la comercialización del café, impactando las cosechas de los últimos años.

Los productores también denunciaron que las demandas de restitución podrían derivar en desplazamientos por vía judicial y aseguraron que no se estaría aplicando el principio de buena fe exenta de culpa contemplado por la jurisprudencia.

En un documento firmado por 151 productores, los campesinos solicitaron al nuevo Gobierno revisar las actuaciones del Ministerio de Agricultura, la URT y la ANT, así como adelantar investigaciones disciplinarias y penales contra funcionarios que, según ellos, habrían vulnerado sus derechos.

De manera particular, pidieron investigar al director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, José Humberto Torres Díaz, a quien acusan de actuar de manera parcial frente a las comunidades indígenas y de desconocer las afectaciones que enfrentan los campesinos.

Los productores también solicitaron a la Asamblea del Magdalena y a los congresistas del departamento promover debates de control político y revisar la situación territorial en la Sierra Nevada.

“No somos delincuentes, somos cafeteros”, señalaron los voceros, quienes reiteraron que son tenedores de buena fe, generan empleo y contribuyen al desarrollo económico de la región.

Los campesinos advirtieron que continuarán defendiendo sus predios y rechazaron cualquier intento de desplazamiento mediante decisiones judiciales que, según sostienen, desconocen su permanencia histórica en el territorio.