“Somos 60 familias pasando hambre”: continúa la presión para sacar a Cardiovida del Julio Méndez

La crisis financiera que afecta a la IPS Cardiovida, única unidad cardiovascular pública del Magdalena, tomó un giro aún más preocupante tras la reciente denuncia pública de una de sus trabajadoras, Yamile Montero, quien aseguró que la gerencia del Hospital Julio Méndez Barreneche mantiene una política sistemática para asfixiar económicamente a esta entidad, que opera dentro de sus instalaciones.

Durante una entrevista concedida a la emisora Voces, Montero habló en representación de los más de 60 empleados que, según dijo, llevan hasta cuatro meses sin recibir salario.

“Somos 60 familias que estamos pasando hambre, que debemos servicios, que tenemos arriendo y no podemos suplirlo por la falta de garantías que nos da el hospital en estos momentos”, expresó.

La denunciante aseguró que la actual gerente del Hospital, Zenaida Ortiz, continúa con la presunta estrategia que habría iniciado la exgerente Nora Anillo, consistente en bloquear los pagos a Cardiovida.

“La orden de la doctora Anillo y de esta gerente que acaba de ingresar es que Cardiovida se tiene que ir del hospital. Como no han encontrado ninguna falta jurídica, entonces la opción que han elegido es la presión económica”, dijo.

Según Montero, el hospital adeuda actualmente $5.000 millones a Cardiovida, y los pagos mensuales no superan los $300 millones, lo cual resulta insuficiente para cubrir siquiera la nómina. “Te pongo un ejemplo: de una facturación mensual de $1.000 millones, el hospital gira 310, 320, pero nunca lo completo, y eso es una orden”, afirmó.

La trabajadora también denunció que se han incumplido múltiples compromisos asumidos en mesas de trabajo con entes de control como la Procuraduría y la Personería.

“Dicen que nos van a girar tanto y a la hora de la verdad giran lo que la gerencia le da la gana, así, en términos generales. La presión es clara: quieren sacar a Cardiovida del hospital y ya tienen incluso un reemplazo listo, al parecer de La Guajira, que no cuenta con los equipos ni el personal capacitado que tiene esta unidad”.

Más allá del conflicto administrativo, Montero advirtió sobre las consecuencias sociales de una eventual salida de Cardiovida del sistema público de salud del Magdalena.

“Nosotros atendemos a los usuarios del Sisben que no pueden pagar una clínica privada. Si nos sacan, ¿a dónde van a ir los pacientes pobres que necesitan cateterismos o cirugía cardiovascular?”, cuestionó.

La trabajadora también hizo énfasis en la grave situación humanitaria que enfrentan los empleados.

“Tenemos personas mayores de 50 años, incluso pre-pensionables, con enfermedades como hipertensión, y otros con hijos en condición de discapacidad. Algunos compañeros vienen a pie a trabajar porque no tienen para el transporte, y son los médicos quienes nos ayudan comprándonos el almuerzo”, relató.

Montero concluyó haciendo un llamado urgente a las autoridades. “Le pedimos a la Procuraduría, a la Superintendencia de Salud, al Ministerio de Trabajo, que vengan y miren esta situación. Esto no es solo una deuda, es una violación a la dignidad humana”.

La situación descrita se suma a las denuncias documentadas por Seguimiento.co sobre las deudas del Hospital Julio Méndez Barreneche no solo con Cardiovida, sino también con contratistas como Inveper SAS, lo que evidencia un patrón de presunto manejo discrecional de los recursos y decisiones que, según los afectados, responden más a intereses políticos que al bienestar de los ciudadanos.