"Solo queremos que la alcaldesa cumpla": 'Los 91' de la carrera quinta

Urbanismo vs derechos laborales, el caso de la ocupación de 'informales' en el Centro Histórico.

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Flor Beltrán

Estas personas han hecho parte del paisaje urbano desde hace más de 30 años. Cada uno de ellos reflejan historias distintas con uno o dos detalles en común.

Plantarse en plena calle, trabajando bajo el sol y la lluvia, con productos como medias, zapatos, frutas y verduras, cadenas y accesorios, fue una de las mejores opciones que les ofrecía la vida en ese punto. La única opción más honrada y dignificante, quizás.

Venden esas cosas a lado y lado de la carrera quinta para su propia subsistencia y la de sus familiares a cargo.

Otro detalle en común y desde donde quiere partir este reportaje es que, a más de 80 personas ubicadas en ese sector de la quinta, las quieren desalojar para recuperar el espacio público que durante décadas ha sido la oficina de estos 'informales'.

Seguimiento.co se acercó a la quinta con calle 19 para escuchar las historias y querellas de personas afectadas por una realidad que resulta ajena para muchos samarios. Esta es la situación a la que se enfrentan.

Sonará trillado, pero el uso común de esta figura es frecuente por algo. La pandemia afectó a todo el mundo. Luego de ella, la normalización de las rutinas diarias, entre ellas la laboral, ha ido avanzando con pasos lentos y cortos.

Quizás una oportunidad surgió, tanto para el 'progreso' de las dinámicas urbanas del Centro Histórico, como para los vendedores ambulantes o informales, que se lucran con las actividades comerciales que en la Quinta desarrollan.

A esa oportunidad la nombraron 'Proyecto 91' y fue liderada por la Alcaldía Distrital, a través de la Secretaría de Gobierno y la Unidad Defensora del Espacio Público, Udep.

Con ese proyecto, 91 trabajadores informales entregarían el espacio ocupado con su negocio, a cambio de una indemnización por valor de 21 millones de pesos.

El inconveniente es que lo pactado no se cumplió bajo los términos iniciales. Y allí surge la inconformidad.

De 21 millones, la Alcaldía pasó a entregar 16, y de esos 16 millones, solo 8 iban a ser designados a los vendedores cuyo negocio fuese atendido junto a su pareja o socio.

De esa manera iniciaron los incumplimientos. En adición a esto, a estas personas se les ofrecieron capacitaciones con las que se garantizaría su aprendizaje en finanzas y emprendimiento. Dichos cursos de dos semanas de duración, no fueron acreditados o certificados. Ningún papel les fue entregado.

Otra de las condiciones ofrecidas en este acuerdo incluía darles un plazo de al menos 20 días luego de realizado el curso y recibido el dinero, el primer pago del 50%; para que cada uno resolviera su situación y entregaran el lugar que ocupaban en las aceras.

El tema es que, los trabajadores ya están siendo desalojados a destiempo por funcionarios auxiliares de la Udep y de la Policía Metropolitana.

Estos son algunos de los afectados que decidieron conversar con este medio: Dainer Luis Domínguez Gutiérrez, vendedor de mangos, reubicado en el Camellón de la Bahía; Juan Antonio Mojica Amaya, vendedor de zapatos desde hace 27 años, quien quedó fuera de los beneficiados en el programa y Yudi Revilla, lideresa designada en representación de los vendedores ambulantes. Estas personas han debido organizarse y crear su propia mesa de trabajo con el fin de continuar los diálogos con la administración Distrital y el Concejo de Santa Marta.