Problemas internos de comunidades indígenas dificultaría inicio del PAE

En los últimos días se han establecido algunas quejas, sobre las demoras en la puesta en marcha de algunos programas institucionales de carácter educativo, en la zona rural del Distrito que comprende los territorios indígenas.

La Alcaldía Distrital a través de la Secretaría de Educación, a cargo de Sandra Patricia Muñoz, estableció un informe detallando esta situación.

En primera instancia, señalan el reconocimiento del derecho constitucional de autonomía de los pueblos indígenas, así como el derecho a la educación de todos los colombianos, por lo que desde el pasado 1 de enero, “se convocó por primera vez en la historia de la ciudad, a las comunidades indígenas de los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Chimila para presentar propuestas para la administración de la prestación del servicio educativo, conforme a las directrices del Decreto N° 2500 de 2010, así como del Programa de Alimentación Indígena Propio (PAIP), de acuerdo con la Resolución N° 18858 de 2018”.

Sin embargo, desde la administración distrital se advirtieron problemas de representatividad y capacidad jurídica entre los proponentes, lo cual ha obstaculizado la suscripción de contratos.

“Con el compromiso de promover la participación de los miembros de estas comunidades indígenas en programas que garanticen la igualdad de condiciones en el acceso, disponibilidad y accesibilidad a la educación, así como procesos adaptados a sus necesidades y respetuosos con su entorno, hemos realizado una solicitud respetuosa al Ministerio del Interior para que nos informe sobre las formas de organización, gobierno y autoridades de las comunidades indígenas mencionadas, con capacidad jurídica para contratar” indicó la SecEducación, recalcando que hasta la fecha, varias personas u organizaciones han reclamado estas condiciones, lo que ha generado retrasos en los procesos en curso debido a las disputas al respecto.

Asimismo, la cartera educativa solicitó el acompañamiento permanente del Ministerio de Educación Nacional y de la Unidad Administrativa de 'Alimentos para Aprender' “para definir formas de garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes de estas comunidades en caso de no lograr establecer la representatividad y/o capacidad jurídica necesarias”, asegurando así, cuanto antes, el inicio del Programa de Alimentación Escolar.