"Plan de ‘asfixia’ económica ocasionó cierre de unidad cardiovascular en HJMB"

El pasado 28 de febrero de 2024, la Gobernación del Magdalena emitió un comunicado informando de la realización de la primera operación de corazón abierto en el Hospital Julio Méndez Barreneche.

Señalaban que este importante procedimiento fue posible “gracias al fortalecimiento que se logró en el periodo del gobernador Carlos Caicedo”.

Sin embargo, lo que no ha comunicado la administración departamental es que hoy este tipo de procedimientos no se está realizando, debido a la grave situación financiera y administrativa por la que atraviesa el Hospital Julio Méndez Barreneche, cuya gerencia está siendo acusada de un “plan de asfixia económica” en contra de la Unidad Cardiovida.

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Esta dependencia cardiovascular inaugurada por la exgobernadora Rosa Cotes, se encarga de la atención de pacientes con problemas cardiovasculares de todo el departamento del Magdalena, y gran parte de la región.

Durante estos últimos años, ha venido enfrentando graves problemas de liquidez que se ha evidenciado en el retraso a los pagos del personal de salud y proveedores, que según mencionan los mismos afectados, está relacionado con egos políticos que deslegitiman la labor de Cardiovida, al ser ‘producto’ de la administración pasada.

Esto, pese a que Cardiovida fue designada para el montaje y manejo del servicio integral de cardiología y cirugía cardiovascular en el Hospital, tras participar en convocatoria pública que le otorgó un contrato de alianza estratégica, con vigencia de 15 años.

Ahora, luego de que desde Seguimiento.co se hiciera eco de la angustia constante de los trabajadores a los que han llegado a deberles hasta cinco meses de salarios, confirman que esta situación económica obedece al presunto bloqueo de la actual gerencia del Hospital Julio Méndez Barreneche, a cargo de Nohora Anillo; funcionaria, que cabe mencionar, fue suspendida por denunciadas irregularidades en la ESE Alejandro Próspero Reverend.

Fuentes de este medio periodístico indican que desde la llegada de Anillo a la gerencia del Hospital, se ha fraguado hacia la empresa un plan para asfixiarla financieramente, llegando a adeudar más de $3.200.000.000 “lo que de manera directa deja sin sustento a más de 50 empleados y sus familias”.

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Un empleado que prefiere mantener su identidad en reserva por miedo a las represalias que puedan tomarse en su contra expresó que: “Esta acción sistemática e intencional que se direcciona desde la Gobernación del Magdalena, no solo afecta el correcto funcionamiento de Cardiovida que por la falta de recursos se encuentra en aprietos financieros y administrativos; sino que principalmente impacta de manera negativa en el bienestar de los pacientes, que reciben una pésima atención, y sin razón aparente son remitidos a otros centros asistenciales”.

La situación ha escalado a tal nivel que el cuerpo médico denuncia que los usuarios se ven envueltos en decisiones arbitrarias de la gerencia del hospital, que a pesar de contar con instalaciones aptas en el centro asistencial para la atención cardiovascular, eligen remitirlos a otras entidades de salud.

Así mismo aseguró: “Son acciones irresponsables que ponen en riesgo la vida de las personas, en las que se omite el uso de las instalaciones del hospital, subutilizando la UCI, por cumplir el capricho de algunos interesados en obligar al retiro de los aliados”.

En esa misma línea, los denunciantes relatan a Seguimiento.co que se ha llegado a la cancelación de agenda a los pacientes sin autorización de Cardiovida, incurriendo en la contratación de médicos adicionales y en la generación de doble contratación, lo que causa un detrimento económico al Hospital. 

Situación incomprendida, teniendo en cuenta que personal administrativo que pidió la reserva de su nombre, menciona que la institución hospitalaria debería estar facturando mensualmente alrededor de $20.000 millones, y actualmente solo factura $8 mil millones, es decir, menos de la mitad de lo proyectado.

Ante este panorama, el personal de salud ha pedido la intervención de la Supersalud y los Ministerios de Salud y Trabajo, teniendo en cuenta el riesgo para los pacientes, así como la vulneración sistemática de los derechos laborales.