'Misión Esperanza' en Santa Marta: Hacia la resocialización de madres privadas de la libertad

En Colombia, las mujeres privadas de la libertad sufren afectaciones a sus derechos humanos y discriminación diferenciada, que empeoran cuando son cabeza de familia y las únicas a cargo del sostenimiento de sus hijos menores o familiares de edad avanzada, con discapacidad o enfermedades que les impiden sostenerse por sí mismas. Situaciones como el hacinamiento, problemas de salud e higiene, estigmatización y la dificultad para acceder al sistema judicial y dar seguimiento a sus procesos tienen un impacto mayor cuando se trata de mujeres privadas de la libertad que sufren la ruptura de su núcleo familiar a consecuencia de su reclusión en un centro penitenciario.

Las mujeres recluidas en el Centro Penitenciario Rodrigo de Bastidas, en la ciudad de Santa Marta, no son ajenas a esta situación. Sus necesidades se tornan invisibles, padeciendo condiciones de indignidad que, además de afectar sus relaciones familiares, limitan sus posibilidades de reinserción una vez puestas en libertad. Por ello, es urgente estudiar nuevos métodos de acompañamiento, asesoría y apoyo, para que estas mujeres conozcan y se acojan voluntariamente a ellos.

Uno de estos métodos es la Ley 2292 de 2023, que regula las medidas sustitutivas a la pena privativa de libertad. Esta ley y sus beneficios se presentan como una forma en que el Estado apoya la resocialización de mujeres privadas de la libertad, aplicable a aquellas que se encuentran en Santa Marta y cumplen ciertos requisitos, especialmente haber cometido el delito en situación de marginalidad y ser cabeza de familia.

Así, resulta esencial permitirles cumplir su condena en libertad, con el fin de resarcir el daño causado por el delito y reconstruir los lazos familiares y sociales rotos por su encarcelamiento. En este sentido, se está llevando a cabo el Proyecto “MISIÓN ESPERANZA: acciones para el acompañamiento y resocialización de mujeres cabeza de familia privadas de la libertad del Centro Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Santa Marta”.

El Proyecto MISIÓN ESPERANZA cuenta con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Magdalena, mediante el fondo Fonciencias. El equipo de investigación está compuesto por la investigadora principal Melina Paola Quintero Santos, la co-investigadora Viannis Clareth Robles Manjarres, las asistentes de investigación Gisela Chiquinquirá Rodríguez Escalante y Diana Fernanda Rodríguez Herrera, docentes de las facultades de Humanidades y Ciencias Empresariales, quienes se han unido en defensa de las mujeres más vulnerables. Además, el equipo incluye a los ayudantes de investigación Ze Carlos Lugo Avendaño y Juliana Andrea Romero Satizabal, estudiantes del Programa de Derecho de la Universidad del Magdalena.

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2024, con el apoyo de la Personería Distrital de Santa Marta, se han realizado visitas al Centro Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Santa Marta. En estas visitas, se llevaron a cabo jornadas de sensibilización y capacitación en derechos humanos con enfoque de género y sobre la Ley 2292 de 2023, dirigidas a las mujeres privadas de la libertad.

El objetivo principal del proyecto es identificar las necesidades sociofamiliares, jurídicas y personales de las mujeres privadas de la libertad del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Santa Marta, para implementar acciones afirmativas para mujeres cabeza de familia en materia de política criminal y penitenciaria, tal como lo establece la Ley 2292 de 2023. También se busca desarrollar un modelo piloto replicable en otros establecimientos penitenciarios del país, que garantice los derechos de las mujeres privadas de la libertad que son madres cabeza de hogar.

Este proyecto es de gran importancia para la aplicación de la ley en la ciudad de Santa Marta, ya que ha permitido comprobar que muchas mujeres en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Santa Marta cometieron el delito por el cual están condenadas debido a situaciones de marginalidad.

De esta manera, la Universidad del Magdalena, a través de la investigación y los procesos de apropiación social, contribuye a la protección y garantía de derechos de las poblaciones más vulnerables en el territorio.