La Contraloría abre investigación fiscal a Ecopetrol

La Contraloría General de la República decidió abrir una investigación fiscal por un presunto daño patrimonial por más de US$615 millones (unos $2,4 billones) que se habría dado como resultado de un negocio que realizó Ecopetrol en el Perú, al comprar a finales de 2008 el 50 por ciento de la propiedad accionaria de la sociedad Offshorte International Group (OIG) y vender la misma en enero de 2021 por menos del 5% de lo que pagó en el momento de la compra.

Al seguir la pista a esta inversión, en una indagación preliminar, la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía estableció inicialmente indicios claros de que este fue un negocio mal planificado, que Ecopetrol adelantó dejando de lado las advertencias de consultores externos sobre los riesgos que podía afrontar y, aún más la empresa que compró nunca le generó utilidades.

En el comunicado referido, Ecopetrol manifestaba que no se revelaba el monto de la transacción por “un acuerdo de confidencialidad” aspecto que llamó la atención de la Contraloría General de la República, la cual se dio a la tarea de indagar por dicho proceso. 

Luego de terminada esta Indagación, la Contraloría ha decidido abrir un proceso de Responsabilidad Fiscal, para que los directivos de la Estatal Petrolera den cuenta por sus acciones o decisiones en este proceso.

En el proceso de debida diligencia, varias firmas asesoras externas advirtieron de los riesgos geológicos (por la limitada y deficiente información con que se disponía), legales y técnicos de la compañía a ser adquirida. Algunos de esos riesgos fueron confirmados en el informe de transición de la compañía, emitido aproximadamente cuatro meses luego de la compra por parte de Ecopetrol y su socio.

Se presentaron deficiencias en las acciones orientadas a la mitigación de los riesgos previamente conocidos. 

A los tres años de haberse adquirido la empresa se habían materializado varios de los riesgos advertidos por los asesores externos lo que llevó a Ecopetrol a comenzar un proceso de venta de dicha empresa en 2011 el cual no fue exitoso. Solo hasta finales de 2020 se pudo materializar la venta de la compañía, cuando todos sus indicadores financieros eran críticos.

Se pudo evidenciar también el bajo nivel de compromiso de los directivos en el seguimiento y control de las metas propuestas, ya que no se tomaron permanentes controles de seguimiento que permitieran realizar evaluación de la gestión y análisis de causas oportunamente, permitiendo así tomar acciones y decisiones con resultados reales.

Cuando se decide realizar la inversión en Perú en 2008, se presentaron en la Junta Directiva de Ecopetrol las condiciones que eran favorables para la inversión. Dos de ellas eran: la “estabilidad en las reglas de juego” y un “régimen fiscal favorable y entorno político estables resultando en un ambiente óptimo para invertir”. Sin embargo, en la respuesta recibida por la CGR se plantea que para el momento en que se decide hacer la desinversión, el segmento Upstream en Perú era poco atractivo para las actividades de exploración y producción principalmente por los siguientes factores:

El entorno regulatorio y de gestión de permisos podría retrasar el desarrollo de las actividades.

Existe una inestabilidad contractual y jurídica que podría postergar o incluso cancelar los proyectos de inversión. 

Oferta limitada de servicios petroleros y recursos logísticos. 

Incremento de los riesgos de entorno político, ambientales y de comunidades. 

Por lo anterior, la Contraloría ha decidió abrir investigación Fiscal para que las personas que tuvieron que ver con la decisión y administración de este negocio den cuenta por su posible responsabilidad en un proceso que implica un posible daño fiscal por más de US$615 millones (unos $2,4 billones).