A la cárcel hombre que distribuía pornografía infantil a través de videojuego en Santa Marta

Un contundente golpe contra las redes de explotación sexual digital se dio en la capital del Magdalena. 

Un juez de la República dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Wadin Rafael de Alba Navarro Carrera, un hombre señalado de utilizar las plataformas digitales para almacenar y compartir material de pornografía infantil.

La captura de este individuo se ejecutó en Santa Marta durante un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Sijín de la Policía Nacional.

El caso no se originó por una denuncia local, sino a través de un estricto rastreo tecnológico transnacional.

Una conocida plataforma internacional de mensajería detectó el movimiento de archivos ilegales y generó una alerta automática.

Asimismo, el reporte fue recibido por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Ncmec) de los Estados Unidos, organismo que, mediante canales de cooperación judicial, transfirió la información y las coordenadas virtuales a la Fiscalía en Colombia.

Los investigadores de delitos cibernéticos rastrearon las direcciones IP y los datos de conexión, determinando que las alertas provenían exactamente del domicilio de Navarro en Santa Marta.

Según el expediente presentado por el ente acusador, el procesado aprovechaba los servicios de mensajería, chats de voz, texto y videollamadas que ofrecen las salas de un juego en línea para pasar desapercibido.

“Las evidencias dan cuenta de que, en febrero de 2026, habría utilizado los servicios de la plataforma virtual para difundir 63 archivos que contenían registros de abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años”, detalló la Fiscalía de manera oficial.

Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes del Magdalena estuvo a cargo de las audiencias concentradas. Allí, le imputó formalmente el delito de pornografía con personas menores de 18 años.

A pesar de la gravedad de las pruebas y los elementos tecnológicos recopilados en su vivienda, el investigado no aceptó los cargos durante la diligencia. No obstante, ante el peligro que representa para la sociedad y los menores de edad, el juez ordenó que sea recluido de manera inmediata en un establecimiento penitenciario mientras avanza el juicio en su contra.